La guerra de la exclusividad entre dos cervecerías en Penonomé, provincia de Coclé, trascenderá un fallo de un juzgado y ahora irá a un tribunal superior, luego que una de las partes anunciara que apelará.
Ayer el Juzgado Segundo Civil declaró no viable el amparo de garantías constitucionales interpuesto por la Cervecería del Barú en contra de una resolución de la Junta de Carnaval de Penonomé y de la Cervecería Nacional.
El juzgado sustenta su decisión en que el recurso no fue bien presentado, pues la Junta de Carnaval no tiene característica de funcionario público.
La resolución del juez suplente encargado, Daniel Augusto Vargas, indica que el amparista ha dejado de tomar en cuenta que la parte demandada no es un servidor público sino un particular, por lo que se consideró prudente no admitir el recurso y se ordenó su archivo, para no desnaturalizar el propósito del recurso.
Carlos González Ramírez, abogado de la Cervecería del Barú, afirmó que según el juez que atendió el caso, la junta no es funcionario público y uno de los requisitos que exige la ley para interponer un amparo de garantías constitucionales es que se interponga contra un acto de la Administración Pública.
El abogado sostiene que no concuerda con la posición del juez y ha apelado porque existe un precedente en la Corte Suprema de Justicia donde se ha interpuesto un amparo contra la Junta de Carnaval en Panamá y la máxima corporación de justicia lo acogió.
A su juicio, en ese caso la Corte "implícitamente" reconoció la categoría de funcionario público de la Junta de Carnaval, dijo González Ramírez.
Agregó que si el Tribunal Superior insiste en que la Junta de Carnaval de Penonomé no es funcionario público, entonces se tendría que estudiar la posibilidad de, "si efectivamente son actos de particulares, denunciarlos por infracción de funciones públicas".
Indicó que si son particulares, entonces no pueden estar dando órdenes, emitir decretos y remitir órdenes a la Policía para que hacer cumplir reglas propias.
González señaló que espera que el Tribunal Superior falle antes de mañana sábado de carnaval, pues de no darse, lo consideraría "una denegación de justicia" porque todos los panameños tienen derecho a que se les amparen sus garantías constitucionales.
Agregó que de no darse el fallo antes de los carnavales, el proceso continuará porque están en contra de las exclusividades no sólo de la Junta de Carnaval de Penonomé, sino de los contratos que se hacen en esos términos con los centros de expendio de bebidas.
Señaló que también han puesto una denuncia ante la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC) "para que suspenda las acciones de monopolio" que den en el futuro.
Los funcionarios de la CLICAC estuvieron ayer en la Gobernación de Coclé, se reunieron con representantes de la Junta de Carnaval y posteriormente visitaron el juzgado civil, donde recopilaron información sobre este caso.
No obstante, evitaron ofrecer informaciones, alegando que sólo habían viajado a la provincia a recabar datos que serán tramitados en la capital, y que no estaban autorizados para hablar.
Por su parte, la Junta de Carnaval de Penonomé espera nuevos detalles del caso y sus abogados actuarían de ser necesario, según se informó.
Eddy Rosas, presidente de la junta, consideró que han actuado apegados a la ley, al realizar un concurso o licitación, tal como se estipula, por lo que esperan que el caso quede a su favor.
