Enfrentamientos durante desalojo de indígenas

Tras enfrentamientos con unidades policiales, al menos unas 80 familias que vivían en la Villa del Indio en la ciudad de David, fueron desalojadas ayer con saldo de unos seis detenidos que se resistían a la acción dispuesta por las autoridades indígenas de la comarca Ngöbe Buglé.
Muchos de los afectados indicaron que era una decisión injusta, ya que no se tomaron en cuenta la condición de las personas que allí habitaban, las cuales fueron tiradas fuera de los cuartos con sus enseres y luego trasladadas hacia el área de la comarca en camiones contratados por las autoridades indígenas.
Una de las afectadas, María Inés Soloy indicó que fue "echada" del cuarto en donde se encontraba con su pequeña hija de tres meses, denunció que los moradores fueron tratados como "perros" con el apoyo de la Policía.
El administrador de la Villa, Dámaso Aguirre, argumentó que la medida se había previsto desde hace más de dos años, pues no se podía seguir permitiendo que una gran cantidad de personas estuvieran utilizando las instalaciones para residir de manera permanente como se venía dando.
Sostuvo que la situación afectaba los objetivos del albergue temporal que sólo debe ser utilizado por indígenas que viajen desde el área comarcal para recibir atención médica, o para acompañar a algún familiar hasta tanto estuviera restablecido.
Sin embargo, dijo Aguirre, allí había personas viviendo hace más de 10 años, perjudicando la situación de otras que sí necesitaban un albergue para el cual fue concebido.
Los indígenas aseguraron que se les ha dado preferencia a algunas familias para que sí se quedaran en el lugar, a lo que Aguirre respondió que eran argumentos sin base legal.
Apuntó que las instalaciones serán utilizadas para los fines que se crearon, o sea, dar un servicio temporal de vivienda a los indígenas que requieran un lugar para permanecer cuando estén en la ciudad de David, pero no podrán estar más de cuatro días.
Una mujer se encontraba entre los detenidos por violentar la decisión adoptada por las autoridades. Según la corregidora de David, Anayansi González, ese edificio representa un riesgo social para las personas, porque las estructuras se encuentran bastante deterioradas.
Mencionó que se han reportado en el sitio toda clase de problemas como lo son violaciones, prostitución y otra gran cantidad de situaciones de riesgo, que afectaban las condiciones de los niños y ancianos.