Los bienes físicos del Parque Internacional La Amistad (PILA) cautelados registralmente a la empresa Higueru, S.A., propiedad el excoronel Alberto Purcell, fueron entregados recientemente a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) por los funcionarios de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) de la Contraloría General de la República.
La entrega se dio luego que la DRP ordenara en días pasados la cautelación de unas 400 hectáreas de tierras ubicadas en el PILA, al no cumplir la empresa con el pago de más de B/. 12 millones, por los daños ocasionados al ecosistema.
El asesor legal de la ANAM, Marco Tulio Hernández, manifestó que mediante un estudio técnico-científico y los peritajes sobre los daños ecológicos causados al patrimonio nacional se determinó que la cantidad monetaria asciende a siete millones B/. 155 mil 659.
Agregó que a esta cifra se le añaden los intereses que se dejaron de percibir y que están por el orden de cuatro millones 990 mil 357 balboas con un centésimo, lo que hace un monto de 12 millones 146 mil 16 balboas con 60 centésimos.
Para Hernández dicho cálculo económico es un poco conservador, al considerar que se pudo haber destruido ecosistemas de los cuales no podrán obtener beneficios de ahora en adelante.
La empresa Higueru, S.A. dijo, tiene alrededor de siete fincas que cubren aproximadamente 140 hectáreas y el excedente representa parte de los daños causados por las personas de la mencionada compañía.
Enfatizó que las consecuencias negativas más evidentes pueden verse reflejadas en el bosque, ya que de manera "inmisericorde" se causó graves daños a los recursos hídricos de la región como son la cuenca hidrográfica y los ríos que vierten del sector, así como la madera extraída y comercializada sin que antes se pagaran los impuestos.
Destacó que sólo como entidad les corresponde establecer los límites de la responsabilidad patrimonial, pero no han incursionado en el aspecto legal.
Por su parte, el secretario de la DRP, Roy Arosemena, expresó que mediante el informe elaborado por la Dirección General de Auditoría de la Contraloría General de la República, se dispuso iniciar un proceso de responsabilidad patrimonial en contra de los posibles responsables de la deforestación de las 400 hectáreas ubicadas dentro del PILA y los mismos fueron llamados a responder.
Añadió que la ANAM cuenta con el personal técnico y por lo tanto fueron designados como los depositarios administradores de los bienes cautelados.
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