Once empleadas de la empresa Textiles de La Chorrera fueron despedidas el pasado jueves, por el nuevo administrador Tomás Escudero, nombrado en ese cargo por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), según informó la secretaria del sindicato de trabajadoras, Ana Maltez.
Las trabajadoras, algunas con 19 años de laborar en la empresa, otras con cinco y seis años, fueron despedidas tres días después de que Escudero asumiera el cargo, por lo que se califica esta medida como una represalia por haber apoyado el paro de labores realizado semanas atrás.
Maltez enfatizó que el resto de los trabajadores está dispuesto a apoyar a sus compañeros, por lo que no descartó la adopción de medidas de fuerza, agregando que para esta semana se tenía programada una reunión con el nuevo administrador.
Existe un documento que lleva la firma de los empleados, en el cual piden que cesen los despidos y se mejore la situación laboral, y muchos abogan por el cierre definitivo de la empresa textilera si no se logran estas peticiones.
La dirigente laboral sostuvo que los "compañeros no aguantan más" la presión existente dentro de la empresa, y recalcó que en el caso de las trabajadoras despedidas existen dos opciones: que sean reintegradas a sus labores o se les paguen todas las prestaciones a las que tienen derecho.
Por su parte, la directora regional del MITRADEL en Panamá Oeste, Yitza Otero, dijo que la huelga realizada por las trabajadoras había sido ilegal, aclarando, además, que nunca el administrador judicial anterior, Rodrigo Villamil, firmó un acuerdo para no adoptar represalias contra las obreras que participaron.
Indicó Otero que la empresa está en el derecho de despedir a las trabajadoras, por lo que la decisión del Ministerio de Trabajo es que la empresa pague todas las prestaciones y se examine el caso de los trabajadores con fuero sindical.
Otero dijo que debido a las condiciones económicas en que se encuentra Textiles La Chorrera, resulta imposible poder pagar el monto total a las trabajadoras con 19 años de laborar, no obstante están dispuestos a dialogar.
Añadió que la opción de cerrar definitivamente la fábrica no es considerada por el MITRADEL, ya que existe un elevado número de trabajadoras que desean continuar laborando, ya que tienen confianza en la administración.
Por otro lado, unas 500 trabajadoras que fueran cesadas hace dos años y que laboraban en esta misma empresa, exigen al MITRADEL el pago de las prestaciones que aún se les adeuda, puesto que ellas fueron suspendidas de sus labores con la promesa de que al mejorar la situación serían reintegradas.
Sobre estas 500 trabajadoras existen cinco voluminosos expedientes, que ahora son estudiados por la dirigencia del Sindicato Unico de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), a donde han recurrido en busca de apoyo.
