Miembros de la Compañía Independiente de Limpieza y Aseo S.A. (COINLA), exigieron que se decrete la revocación del contrato suscrito entre el Municipio de La Chorrera y la empresa de capital español Sufi Internacional Panamá S.A, al tiempo que interpusieron una denuncia ante la Defensoría del Pueblo.
De acuerdo al presidente de COINLA S.A., Julio César González, la petición fue hecha directamente al presidente del Consejo Municipal, Luis Domínguez, alegando que el ex alcalde Elías Castillo desconoció la ley 56 de 1995, en lo relacionado a la confección de un pliego de cargos y los requerimientos mínimos que exigía el municipio para con las expresas.
La contratación que piden sea revocada o anulada infringió el principio de transparencia dentro del régimen de contratación pública (artículos 2 y 3), incluyendo el hecho de existir una "abierta parcialidad del ex asesor Eduardo Sincler a favor de Sufi Internacional Panamá S.A.
Agrega González que ello trajo como consecuencia que no se contara con los parámetros necesarios, para evaluar o determinar la mejor oferta y que sólo se tuviera en cuenta a la empresa que ofreciera la mejor suma de dinero para beneficiar al Municipio de La Chorrera.
Igualmente se obviaron elementos esenciales para la protección del servicio como son la experiencia y el conocimiento del área geográfica, con lo cual -sostiene González- el trabajo de recolección de la basura en La Chorrera será realizado por una empresa sin ningún tipo de experiencia en Panamá.
Alega el presidente de COINLA S.A. que ello obedece a que la empresa Sufi fue creada exclusivamente para participar en el acto público de licitación para la privatización del servicio de recolección de los desechos sólidos en este distrito.
Añade que se debe investigar qué tipo de actividades ha realizado esta empresa en Panamá o en otro país, con qué equipo contaba al momento de realizarce el acto, el personal técnico y de tarea que posee, lo cual podría verificarse a través de las declaraciones de rentas, registros de comercio, vehículares, seguro social y otros.
Estas averiguaciones debieran ser hechas, añade González, para determinar si se trata de una empresa que sólo "existe en papel" y que fue creada "para ser favorecida en el contrato".
González expresó además que la autorización dada por el Concejo Municipal al ex alcalde Elías Castillo, no debió entenderse como una autorización para desconocer las leyes, a pesar de que la Ley 106 de 1973 no contenga disposiciones sobre procedimiento para las contrataciones.
Recalcó que la denuncia interpuesta ante la Defensoría del Pueblo se deriva de que la contratación de esta empresa, implicaría estar afectando a más de 50 familias chorreranas y dejaría sin empleo ni garantías o posibilidad de emplearse a los trabajadores municipales del Departamento de Aseo.
Dicho contrato fue refrendado por la Contraloría General de la República el 28 de julio de 1999, sin embargo, hasta el momento la empresa Sufi Internacional Panamá S.A. no ha iniciado sus funciones en La Chorrera.
