El asesor legal de la Caja de Seguro Social (CSS), Samuel Rivera, advirtió que debido al incremento de unas 4,500 empresas morosas, iniciarán una serie de gestiones necesarias para que las mismas cancelen o realicen los arreglos de pagos.
Esta situación, precisa, obedece a las recientes denuncias de los obreros por el incumpliendo del pago de las cuotas obrero patronales.
Rivera reiteró que la CSS está consciente de la medida, por considerar que perjudica a las familias panameñas que hacen uso del servicio de las prestaciones y de salud.
Agregó que existen convenios por los cuales las empresas podrían acogerse a los arreglos de pagos, por lo tanto, serán enérgicos en la medida.
El funcionario reconoció que esta cifra representa que por cada empresa existirán cinco trabajadores que no tendrán la oportunidad de acogerse a sus jubilaciones, a una prestación médica, y demás servicios.
Sin embargo, aseguró que la nueva administración de la CSS está reforzando a los diferentes departamentos, a los jueces ejecutores, y a la dirección de ingresos, con el fin de que se reporten mejoras en la institución.
En lo que respecta a las empresas que han desaparecido, el vocero explicó que esta situación es calificada como una morosidad inactiva, por lo que con estos empleadores no se podrán obtener buenos resultados.
En ese sentido, Rivera adelantó que la CSS espera que con la ley próxima a aprobar en tercer debate en la Asamblea Legislativa, se formulen medidas más enérgicas, e incluso hasta la cárcel, a todos aquellos que incumplan con la cuota obrero patronal.
Añadió que es inadmisible que muchos obreros llegaron a trabajar hasta la edad de 72 años, sin que se les haya pagado sus cuotas.
Rivera estableció que en estos momentos están buscando los caminos legales para encontrarle una solución al problema.
Manifestó que esta situación no será de carácter retroactivo, puesto que los cobros se harán luego que la ley sea anunciada en Gaceta Oficial.
En otro orden, el director de la CSS, Juan Jované, consideró como un acto de justicia, la sanción ejemplar que será impuesta a quienes descuenten cuotas de la seguridad social a sus empleados y no las reporten a la entidad.
Según Jované, es momento que en el país se respete la vida y salud de las personas que llevan a cabo un trabajo y merecen ser protegidas por los servicios de salud que brinda la institución a los trabajadores.
Destacó que estas personas se han ganado este derecho, y la ley que se promueve, busca que estas conquistas se cumplan fielmente.
Dijo además que el castigo que se impondrá no es competencia de la CSS, por lo que corresponderá a los tribunales de justicia determinar cuál es la pena que se le impondrá a quienes insistan en tales irregularidades.
En este sentido, añadió que la ley establece penas de dos a cuatro años, como una medida de justicia.
Aseguró que no se trata de una ley estricta, dado que el quedarse con los dineros de otras personas, constituye un acto indebido y en todo el mundo se penalizan actos de esta naturaleza.
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