La extracción ilimitada de arena y piedra de las márgenes del río Chico en el distrito de Alanje agrava la situación de los vecinos del área, quienes temen que cualquier día las aguas del portentoso afluente se salgan y los inunden por completo.
De acuerdo a los moradores para brindar seguridad se tendría que desviar el cauce del río, pero sólo se ha hecho en algunos sectores dejando muchas familias que viven cerca de la orilla corriendo un riesgo permanente.
Aunque han solicitado ayuda a las autoridades, éstas no se han pronunciado y el caso se mantiene de igual manera, por lo que decidieron interponer una queja ante la Defensoría del Pueblo para tratar de buscar un mediador en el caso.
En tanto, evaluando la intensidad de los hechos el defensor del pueblo, Juan Antonio Tejada, decidió admitir la queja presentada por los afectados tras considerar sus planteamientos.
El vocero de los quejosos, Bolívar Pinto Correa, dijo que hace algún tiempo, las autoridades autorizaron extraer material del río Chico, colocando máquinas para este fin, lo que provocó con el tiempo el desvío del curso del río hacia las orillas donde se encuentran gran cantidad de viviendas.
Agregó que esto afecta la superficie de sus propiedades, la ecología y la fauna del sector, aunado al peligro de hacer desaparecer las viviendas cercanas al desvío, de continuar el problema.
Tejada admitió la queja con fundamento en la posible violación del derecho a la propiedad, consistente en que toda persona debe poseer un mínimo de seguridad necesario para llevar una vida decorosa y un hogar digno.
El artículo 113 de la Constitución Nacional señala que "el Estado establecerá una política nacional de vivienda destinada a proporcionar el goce de este derecho social a toda la población, especialmente a los sectores de menor ingreso".
Una vez admitida la queja, el defensor del pueblo ordenó las investigaciones pertinentes ante las oficinas correspondientes, iniciando con un oficio enviado al alcalde de Alanje solicitándole un informe de esta situación en un plazo no mayor de 15 días hábiles.
Cabe señalar que algunas autoridades de gobierno han reconocido que no existen los recursos para proceder con la canalización del río en toda su extensión, por lo que han considerado llevarlo a cabo en los sectores de mayor peligro.
