En estos momentos hay un "desorden" en la comarca Ngäbe-Buglé por el desalojo de más de 35 indígenas a orilla del río Tabasará por motivos del inicio del llenado de la represa de la hidroeléctrica Barro Blanco, a lo que se le ha sumado el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró inconstitucional el Decreto 537 que se refiere a la intromisión del Tribunal Electoral en los comicios internos en la comarca para escoger las autoridades comarcales.
El presidente del Congreso General Ngäbe-Buglé, Demecio Cases, hizo estas aseveraciones en una conferencia de prensa celebrada en David.
Cases asegura que están preocupados por lo que está ocurriendo con el desalojo de las personas que viven a orilla del río Tabasará. Sin embargo, asegura que "ese es un tema que está bajo la responsabilidad de Máximo Saldaña, Ausencio Palacios y su equipo, quienes eran los caciques de esa zona y deben dar las explicaciones sobre este tema".
Añadió que están analizando la situación generada en las últimas horas para hacer las respectivas investigaciones y dar a conocer una posición clara sobre el tema.
Sin embargo, el cacique de Tabasará informó que los dirigentes Toribio García y Berardo Jiménez fueron aprehendidos por parte de la Policía Nacional, mientras que un grupo de 30 indígenas rezaba en la entrada del proyecto Barro Blanco.
Clementina Pérez dijo que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, demostró que con las últimas actuaciones en Barro Blanco, no hay justicia para el pueblo Ngäbe-Buglé y campesinos.
"Hoy fuimos reprimidos, perseguidos como un delincuente en nuestra propia tierra, mientras que hay tanta delincuencia en Panamá, matan a gente inocente y roban a los humildes panameños, y dónde están estos supuestos policías", aseguró la dirigente.
Unos 35 indígenas que fueron desalojados el lunes de las inmediaciones del río Tabasará permanecen en el Centro Misionero Jesús Obrero, de Tolé.
Ricardo Miranda, del Movimiento 10 de Abril, asegura que se mantendrán en estado de alerta, ante la decisión de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) que permitió a la empresa Genisa, el llenado de la represa en perjuicio de los indígenas y campesinos.
Reiteró que las poblaciones afectadas directamente por la medida son Quebrada de Caña, Nuevo Palomar, Quebrada de Plata, La Bramona, Calabacitos y Kiad; en donde habitan alrededor de 800 personas.
La empresa Genisa S.A. inició ayer a las 8:30 a.m. el llenado de la represa, la cual en un mes debe estar en 103 pies y para el 3 de agosto bajará en 73 pies como periodo de prueba de la hidroeléctrica.
En el lugar se mantienen unidades de la Policía Nacional, quienes buscan garantizar a la hidroeléctrica el llenado de la represa, ante la negativa de los indígenas y grupos opuestos al proyecto.
Dictamen
Fallo de la Corte causa polémica
Otro tema que está generando conflicto entre los indígenas es el fallo de la Corte Suprema de Justicia, en el que declaró nulo el Decreto 537 que permitió las elecciones dentro de la comarca para elegir las actuales autoridades, incluyendo a Silvia Carrera.
El Consejo Nacional de la Juventud Ngäbe se pronunció ayer para solicitar a la población salir a pedir que se hagan las elecciones nuevamente a través del sistema tradicional.
“El fallo debe ser respetado y esta es la razón por la cual los residentes siendo respetuosos de la ley acata dicha sentencia, reconociendo que la comarca atraviesa una crisis de gobernabilidad y que los cargos tradicionales están en acefalia”, afirma Roger Smith.
Añadió que el fallo deja en evidencia que el Estado violó la autonomía del pueblo Ngäbe-Buglé en las elecciones de sus autoridades tradicionales.
