Exempleadas de la empresa Textiles La Chorrera, reclaman al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), el visto bueno del acuerdo suscrito con la compañía, con el cual se debió hacer efectivo el pago de salarios atrasados, vacaciones y décimo tercer mes y acusaron al secretario general de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, Mariano Mena, de oponerse a que se les pague lo adeudado.
Las trabajadoras afectadas pidieron la intervención de la dirigente Julia Suira, presidenta del sindicato textil, quien se reunió con ellas y la directora regional del MITRADEL, Blanca Castro, junto con su representante legal, Manuel Tagles, para conocer de viva voz los motivos que han impedido que el acuerdo reciba el visto bueno de la entidad.
Al respecto, Julia Suira explicó que el acuerdo pactado con la empresa es legal, porque se trata de un derecho adquirido y considera injusto que Mariano Mena, se oponga a que las trabajadoras reciban lo que se les adeuda.
Por su parte, Mariano Mena explicó que en la empresa Textiles La Chorrera, se practicó un secuestro desde diciembre de 1997 por parte de todas las trabajadoras y en el mismo se acordó suspender las relaciones de trabajo por un período de tiempo, hasta tanto se fueran recuperando para ir contratando paulatinamente al personal.
Sin embargo, el problema radica, según Mena, en que las trabajadoras buscaron como asesor a un funcionario del MITRADEL de nombre Manuel Tagles, quien aprovechándose de su posición, ha hecho un acuerdo con una parte de la administración de la empresa, el cual implica en pagarle las prestaciones a todas las afectadas que él representa.
Mena dejó claro que su organización no se puede negar a que a estas trabajadoras se les pague sus prestaciones, "pero si hay dinero para pagarles a las 75 trabajadoras que representa el abogado Tagles, debe haber para el resto que suman unas 800".
Agregó que éste es un problema de carácter intersindical, ya que el administrador a cargo de la empresa Textiles de La Chorrera que está secuestrada por las trabajadoras desde hace un año, fue nombrado por el ministerio bajo recomendación de Julia Suira, lo que representa un contubernio entre el administrador y el abogado Manuel Tagles, quien es además funcionario del ministerio.
Añadió que en reunión que sostuviera con el ministro de Trabajo, Roosevelt Thayer, le solicitó que suspendiera el acuerdo y que no permitiera su implementación porque perjudicaría al resto de las trabajadoras y le planteó que "es inmoral que un funcionario del ministerio, que además es abogado de las trabajadoras, trate de sacar ventaja o beneficio, porque si hay dinero para pagarle a las que él representa, debe haber para el resto.
