Las familias ubicadas en asentamientos informales existentes en los distritos de La Chorrera y Arraiján se mantienen a la expectativa de la legalización del predio que están ocupando por parte del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).
Los cálculos del Miviot apuntan a que unas 104 mil personas están viviendo en 20 asentamientos informales en estos distritos de la provincia de Panamá Oeste.
Una de las propuestas de los precaristas es que el Gobierno apruebe la compra de las fincas ocupadas o que se proceda a la expropiación del predio con base en el interés social.
No obstante, el viceministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jorge González, descartó la posibilidad de negociar la compra de los terrenos invadidos en ambos distritos de la región.
Precisó además que algunos dirigentes de asentamientos decidieron abandonar la mesa de diálogo instalada en el 2015 y optar por medidas de presión, "quizás con otras motivaciones".
La Gran Bendición
González fue enfático en cuanto al caso de los precaristas de La Gran Bendición, en Arraiján, al indicar que no se comprarán o expropiarán los terrenos que ocupan porque existe una orden de desalojo emitida por el Órgano Judicial.
Además de ello, el cálculo estimado por los propietarios de la finca en mención no se ajusta al valor real del predio.
Según el funcionario, la Ley 20 del 27 de marzo de 2009 establece los mecanismos para que las familias que viven en asentamientos comunitarios por antigüedad (ACA) puedan legalizar la tenencia de la tierra.
Ello implica que deben tener un mínimo de 15 años de vivir de forma continua en el sitio y que no exista algún tipo de proceso legal (penal o civil).
