Chiriquí. Unas 7 mil piezas arqueológicas han sido incautadas por las autoridades del Instituto Nacional de Cultura (INAC), las cuales se encontraban en manos de huaqueros y traficantes de arte, expresó Rafael Ruiloba, director nacional de la entidad.
Explicó que las incautaciones se han logrado a través de los operativos de allanamiento en todo el país, identificando bandas de personas nacionales y extranjeras, que se dedicaban al ilícito.
Dijo que es parte de una tarea que se puso en práctica desde hace algunos meses con la investigación exhaustiva que se ejecutó por parte de detectives privados que daban seguimiento a los posibles involucrados, identificando así los lugares en donde éstos operan.
Mencionó que en la actualidad se encuentran ejecutando la segunda etapa, que consiste en realizar los operativos de allanamiento en los sitios en donde se presume existen otra cantidad valiosa de piezas arqueológicas.
Ruiloba advirtió que ese es un delito federal que en el país se estableció desde 1973, por lo que apuntó que aún está a la espera de que en la asamblea se sancione la ley que permita establecer la penalización para ello, pues a pesar de que existe el compromiso, no se ha podido poner en práctica.
Mencionó que una de las consecuencias de esa situación se da precisamente con los alcaldes, quienes luego de que la entidad aplica la sanción económica estos no la cumplen afectando de manera negativa ese trabajo.
Por ello subrayó que a través del INAC también se está tratando de aplicar una ley de juez ejecutor para que sea la misma entidad quién tenga la oportunidad de cobrar el costo de las sanciones por los daños que resarcen la institución y al país. Unas 7 mil piezas arqueológicas han sido incautadas por las autoridades del Instituto Nacional de Cultura (INAC), las cuales se encontraban en manos de huaqueros y traficantes de arte, expresó Rafael Ruiloba, director nacional de la entidad.
Explicó que las incautaciones se han logrado a través de los operativos de allanamiento en todo el país, identificando bandas de personas nacionales y extranjeras, que se dedicaban al ilícito.
Dijo que es parte de una tarea que se puso en práctica desde hace algunos meses con la investigación exhaustiva que se ejecutó por parte de detectives privados que daban seguimiento a los posibles involucrados, identificando así los lugares en donde éstos operan.
Mencionó que en la actualidad se encuentran ejecutando la segunda etapa, que consiste en realizar los operativos de allanamiento en los sitios en donde se presume existen otra cantidad valiosa de piezas arqueológicas.
Ruiloba advirtió que ese es un delito federal que en el país se estableció desde 1973, por lo que apuntó que aún está a la espera de que en la asamblea se sancione la ley que permita establecer la penalización para ello, pues a pesar de que existe el compromiso, no se ha podido poner en práctica.
Mencionó que una de las consecuencias de esa situación se da precisamente con los alcaldes, quienes luego de que la entidad aplica la sanción económica estos no la cumplen afectando de manera negativa ese trabajo.
Por ello subrayó que a través del INAC también se está tratando de aplicar una ley de juez ejecutor para que sea la misma entidad quién tenga la oportunidad de cobrar el costo de las sanciones por los daños que resarcen la institución y al país.
