Transportistas de carga de la provincia de Chiriquí denunciaron ante la Cámara Nacional del Transporte una supuesta irregularidad cometida hace 22 días en el Departamento de Pesas y Dimensiones en Paso Canoa.
A juicio de los manifestantes, en el lugar se estaban registrando casos de corrupción con el aval del gobernador de la región, Miguel Angel Fanovich.
Los trabajadores del transporte manifestaron que en esa ocasión se transportó desde Puerto Armuelles, alrededor de 200 mil bolsas de cemento con rumbo a la ciudad de David, sin embargo los vehículos no fueron sometidos al registro.
"Aparentemente se les ordenó a los funcionarios de Pesas y Dimensiones en Paso Canoa, que no le exigieran a los transportistas que pasaran por el requisito, a pesar de que se abusó del peso que traía el equipo, porque se trasladaron alrededor de 700 a 800 quintales, cuando la ley estipula que lo máximo debe ser 550 quintales", sostuvieron.
Los afectados aseguraron tener pruebas, para lo cual mostraron un documento firmado y sellado por el gobernador en el que se pedía a los funcionarios del Departamento de Pesas y Dimensiones, que se apoyara a los conductores de los vehículos propiedad de las empresas Choy e INEPSA.
Agregaron tener acusaciones similares contra otras compañías, quienes "parecen tener privilegios para no pasar por las pesas".
Detallaron que "esto demuestra que la ley no está entrando por casa, y les sorprende observar que el documento lleva la firma del gobernador, cuando nosotros hemos expuesto la queja ante su despacho, lo que significa una clara violación".
Fanovich por su parte, rechazó tales señalamientos y alegó que lo único que hizo fue solicitar la atención rápida para esos empresarios que están construyendo carreteras en distintas comunidades.
Aseguró que al igual que todos los ciudadanos, ellos están obligados a pagar sus respectivos impuestos, tal como lo establece la ley.
Añadió que la gobernación no está en la capacidad de autorizar ese procedimiento y lo único que puede hacer es solicitar una reconsideración para cuando se aplican multas de manera injusta, al tiempo que instó a las autoridades a investigar el caso.
Los transportistas dejaron entrever su descontento, al expresar que se le exige a un pequeño camionero, pitufero o conductor de trailer que cumpla con los requisitos; sin embargo, los grandes empresarios gozan de prebendas.
En tanto, reiteraron su petición al gobierno central de que modifique o derogue la Ley 10 que regula al Departamento de Pesas y Dimensiones, por considerar que está obsoleta.
