El Municipio de La Chorrera, pedirá a los legisladores que conforman este circuito que soliciten a la Asamblea Legislativa la derogación de la Ley 5, por la cual la comuna chorrerana pierde una extensión de tierra conocida como Lagartera Grande y que pasó a jurisdicción del distrito de Arraiján.
Esta situación fue expuesta ante el pleno del Concejo por el asesor municipal, Eduardo Sinclair, quien hizo referencia a la Ley 5, del 25 de febrero de 1973, por medio de la que se creó la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) y la Ley 1, del 14 de enero de 1991, por el cual se adoptan medidas urgentes con respecto a bienes revertidos del área del Canal de Panamá.
A través de estas leyes el distrito de La Chorrera, a juicio del asesor Sinclair, "ha perdido una vasta extensión de tierra, conocida como Lagartera Grande", que toda la vida fue reconocida como parte del regimiento de Amador.
Sinclair señaló la necesidad de que los legisladores Roberto Abrego del PRD y Aris De Icaza, participen de la reunión programada con la Ministra de Gobierno y Justicia, Mariela Sagel, que tendrán el próximo 19 de febrero, donde se planteará este problema del distrito de La Chorrera con respecto a la pérdida de dichas tierras.
Agregó que esta situación afecta a gran número de chorreranos que hoy por disposiciones legales "absurdas" se ven en la necesidad de acudir hasta Arraiján, para solucionar problemas elementales como pensión alimenticia y demás.
También dijo que las autoridades municipales del distrito de La Chorrera no tienen jurisdicción en la comunidad de Lagartera Grande, pese a que toda la vida han dependido del apoyo del representante de El Arado, José Mendieta, elegido en tres períodos consecutivos.
El abogado Sinclair fue claro en señalar que según la Ley 5, todos los bienes revertidos al oeste del Canal de Panamá quedan incorporados al distrito de Arraiján.
Dijo que aunque la lucha no es fácil, pero tampoco es imposible, ya que con la buena voluntad de los legisladores chorreranos se podría presentar una ley que derogue la vigente que convierte a Arraiján de dueño absoluto de estas tierras.