- 20 millones de dólares es la deuda dejada por la cooperativa obrera Cosemupar.
Si Barú vuelve a producir, causaría el reencuentro de familias alejadas
- Luis Alvarado, secretario de actas de Aparad, dijo que solo queda hacerle el llamado al presidente Varela, que le conceda al pueblo la oportunidad de que se ponga a producir nuevamente la tierra en Barú. Sostuvo que con la reactivación de la actividad bananera en la región se beneficiarían comerciantes, vendedores ambulantes, fonderas y miembros de miles de familias que se dispersaron por el país, en busca de trabajo para enviar dinero a sus familias en el distrito de Barú. La empresa Chiquita para los años 80 contaba con unos 10,000 trabajadores y generaba beneficio para otros 100,000 beneficiarios indirectos que se repartían cerca de 200 millones de dólares al año, incluyendo los impuestos pagados al país. En el año 2003 decidió retirarse por considerar insostenible la actividad; entonces los extrabajadores crearon Cosemupar, pero unos 5 años después salieron a relucir supuestos malos manejos que significaron el fin de la cooperativa y de la actividad.
De las conversaciones entre la Asociación de Productores Agropecuarios (Aparad) con los ejecutivos de la Bocas Fruit Company (Bofco), que opera en Bocas del Toro, se han logrado acuerdos consensuados, solo falta que el Gobierno cumpla su promesa de reactivar la actividad bananera en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí.
El diputado de Barú, Carlos Motta, está muy optimista y manifestó que hoy habrá una reunión en la Presidencia de la República, de la que deben salir “decisiones definitivas” sobre el retorno de Bofco a la región.
“Es sabido que entre más tiempo pase, más problemas pasan miles de familias que están esperando que de una vez por todas se finalicen las conversaciones y empiece la inversión que tanta falta hace”, indicó Motta a Panamá América.
Miembros de la Aparad, cuyo representante legal es Isaías Bonilla Martínez, coinciden en que la suerte del distrito de Barú está en manos del presidente Juan Carlos Varela.
Bonilla dijo que a cada uno de los miembros de Aparad, el gobierno pasado les entregó una hectárea de tierra, y que las conversaciones con Bocas Fruit Company se vienen realizando desde hace dos años.
Explicó que de las conversaciones hay acuerdos consensuados, por ejemplo, cada uno de los socios le alquilará por 20 años su hectárea a la empresa, el contrato es prorrogable.
Además, ya negociaron un precio de alquiler, el desembolso de cierta cantidad para que los socios puedan invertir en deudas pendientes, casas deterioradas y otros gastos personales que se han acumulado a lo largo de 11 años, tras quedar sin trabajo cuando se fue la Chiriquí Fruit Company.
Bonilla reiteró que la directiva, los habitantes de Barú y de todo Chiriquí están a la espera de que Varela cumpla su promesa de reactivar la actividad bananera.
Satisfactoria reunión
El pasado sábado, 10 de los 13 directivos de Aparad se reunieron con el gerente de la Bofco, Julio Vásquez, para finiquitar detalles sobre pautas de arrendamiento, sistemas de trabajo, entre otros, dijo Bonilla.
Por su parte, Vásquez dijo que la empresa está interesada en expandir su operación y señaló que en Barú ya han tenido la experiencia y es una tierra muy productiva donde se cosechaban hasta 3,500 cajas, mientras que en la división de Bocas se cosechan 1,000 menos aproximadamente.
Agregó que no solo están interesados en las 1,765 hectáreas de los socios de Aparad, hay otras 2,000 identificadas que estarían en la disposición de habilitar, pero depende del Ejecutivo.
En cuanto a la disposición de inversión, subrayó que han calculado en más de 30 millones de dólares lo que habría que aportar, una parte la empresa, otra parte el Estado, y ambas recuperarían el dinero, de acuerdo a detalles que tendrían que discutir de llegar a formalizar el contrato de operación.
Sin embargo, Vásquez señaló que uno de los puntos que ha mantenido alejada la inversión en Barú es la exigencia de que la empresa, para poder entrar, deba pagar cerca de 20 millones de dólares en deuda a la Caja de Seguro Social (CSS) dejada por la cooperativa de los trabajadores (Coosemupar).
“Es una deuda adquirida por otros actores, y no es justo que quien quiera invertir tenga que asumir esa responsabilidad ajena”, sentenció Vásquez.
Respaldo a Chiquita
Elías González, asesor de Aparad, dijo que no están de acuerdo con que la CSS cobre este dinero a Chiquita para poder invertir porque los interventores que puso el Gobierno a Coosemupar, son quienes deben dar explicaciones del dinero.
El diputado Motta opinó que la mencionada deuda no va a ser problema, ya que la cláusula que puso el gobierno pasado sobre ese pago fue de mala fe, por lo tanto, se va a eliminar.
