Tras el posible despido de los 2 mil 600 obreros de la empresa Puerto Armuelles Fruit Company (PAFCO), para recontratarlos y luego introducir nuevas practicas laborales en esa industria, el director regional del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) en Chiriquí, Leonel Valdés, expresó que para proceder con la medida, la entidad debe primero evaluar cuál es la condición de la empresa.
Precisó que para terminar una relación de trabajo en masa como supuestamente se quiere hacer, según manifestara el secretario del sindicato de trabajadores de la Chiriquí Land Company y empresas Afines (SITRACHILCO), José Morris Quintero, la compañía requiere una inspección exhaustiva, pues se tiene que ajustar a una solicitud que determine las causas especificas.
Advirtió que aún a la entidad no se le ha hecho ninguna solicitud al respecto, por lo que se presume que estas son negociaciones que se están haciendo a lo interno de ambas partes.
"Hay leyes que hay que respetar", y aunque el sindicato puede aprobarlo, se necesita garantizar que los 2 mil 300 obreros estén de acuerdo, dado que posteriormente podrían apelar la medida, recalcó el director regional.
Valdés dijo que un proceso de solicitud de despido o terminación de contratos tardaría por lo menos 60 días, plazo establecido por la entidad para investigar todos los puntos estipulados en el Código de Trabajo.
En tanto, Morris sostuvo que la preocupación de los trabajadores se ha acrecentado en los últimos días, con un posible despido masivo. Explicó que PAFCO busca crear una nueva figura dentro de la administración, es decir, el despido de todos los trabajadores que tienen salarios elevados, y convertirse, posteriormente, en una empresa comercializadora de la fruta.
Aseguró que se concentrará en comprar el producto, porque al parecer es necesario crear una cooperativa, empresa mixta o sociedad anónima para la producción, de tal forma que se firme un contrato por 10 años, lo que implica que tratarán de eliminar al sindicato y convertirse es un comprador en el muelle.
Informó que el próximo 8 de septiembre se tendrá una asamblea general de trabajadores en Finca Blanco para tratar el tema. Añadió que la transnacional tiene arrendada las tierras por un monto anual de B/.800 mil, sin embargo, no es propio de una empresa extranjera que le solicite al gobierno concesiones especiales en cuanto a las tierras.
Mencionó que cada vez que los gobiernos de turno les han cedido beneficios a través de su subsidiaria PAFCO despiden personal. Por su parte, el legislador Carlos Smith, comentó que la situación de la producción de banano en la provincia, al igual que en otras empresas, es problema de competitividad.
En tanto, el alcalde de Barú, Franklin Valdés, expresó su preocupación en cuanto a la situación, no obstante manifestó que ha conversado con directivos del PAFCO, quienes indicaron que coordinan con el Estado para buscarle una solución.
