El Municipio de Chame está dispuesto a reclamar cerca de B/. 1 millón a la comuna de Capira, como parte de la suma que se le adeuda por el cobro del impuesto por extracción de arena. La posible medida fue expuesta de acuerdo al fallo de la Corte Suprema de Justicia, emitido en septiembre de 1995, que establecía que el cobro del impuesto debía ser repartido en partes iguales.
El presidente del Consejo Municipal de Chame, Esteban Argüelles, dijo que desde 1985 ambos distritos estaban en desacuerdo con el cobro del impuesto de extracción de la arena, a pesar que existía un fallo a su favor dictado por la Corte Suprema de Justicia que no ha sido respetado por el Concejo de Capira.
Agregó que en aquel entonces este último abolió el fallo a través de una resolución unilateral que ellos aprobaron, donde le piden a las concesionarias que paguen los impuestos de arena en su municipio, como se ha hecho hasta la fecha.
Indicó que otra resolución que se emitió conjuntamente antes que la ya mencionada, pedía que los fondos fueran a una cuenta común y finalmente se hiciera la división del 50 por ciento para ambos municipios, lo que no se ha llevado a la realidad.
Argüelles manifestó que en conversación con propietarios de empresas areneras, éstos han manifestado que reciben información del Ministerio de Comercio e Industrias que indica que el impuesto debe ser pagado en el Municipio de Capira.
Sin embargo, el representante sostiene que el reclamo del Municipio de Chame se fundamenta en que muchas de estas extracciones se hacen en sus riberas, además existe una resolución de la Corte Suprema de Justicia favoreciendo a ambos distritos en la distribución en partes iguales de los impuestos.
Explicó que de acuerdo a cálculos realizados a la fecha, el Municipio de Chame ha dejado de percibir cerca de B/. 1 millón en concepto del impuesto por la extracción de arena que debió ser recaudado para dar respuesta a necesidades de sus comunidades.
Añadió que son conscientes de la realidad que se vive en el Municipio de Capira, con lo cual se conformarían con que su comuna empiece a cobrar el 50 por ciento que les corresponde a partir de la fecha, y más adelante llegar a acuerdos para ver cómo se cubre parte de la deuda anterior.