Sobre el particular, El Panamá América consultó a la trabajadora social, María Vásquez, quien tiene más de 10 años de estar contribuyendo con la integración de los grupos culturales a través de foros, reuniones, simposios y charlas, como promotora comunitaria.
A su juicio, estas diferencias que podrían ser resueltas con el diálogo, están siendo divulgadas de comunidad en comunidad, hasta en medios de comunicación, provocando un daño enorme a la provincia.
Y es que Vásquez aduce que las diferencias entre estos dos poderes en la región no permiten el desarrollo y la realización de muchas obras comunitarias en ambos sectores. Añade que las diferencias se han agudizado a partir de una propuesta presentada por los indígenas que viven fuera de las comarcas 1 y 2, quienes solicitan las delimitaciones de lo que llaman Tierras Colectivas.
Esta propuesta, apoyada por miles de indígenas que viven en más de 50 pueblos fuera de las comarcas, ya ha sido analizada y recogida en un anteproyecto de ley.
La situación ha provocado disgusto a los negros, quienes ven con mucha preocupación una nueva demarcación de terrenos, argumentando que "se quedarían sin tierras para trabajar".
El conflicto impide incluso, la realización de obras comunitarias que deben beneficiar la colectividad.
Agregó que la política de este gobierno es apoyar y construir las obras necesarias "donde se necesiten", pero cuando se llega a las comunidades surgen muchas interrogantes, porque los dirigentes comunitarios y políticos se enfrentan, provocando el desconcierto de los funcionarios capitalinos que no saben dónde ubicar la obra.
Ello ocasiona pérdida de tiempo en la toma de decisiones sobre las construcciones.
"Hay diferencias de tipo cultural, liderazgo entre los pueblos y pérdida de espacios políticos y administrativos en la región", sostuvo.
Señaló que no sólo los negros y los indios deben sentarse a negociar por el problema de las tierras, sino que deben involucrarse las demás etnias, que también vienen sufriendo problemas de esta misma naturaleza, desde hace décadas. Por su parte, la coordinadora del programa radial Darién Primero, María Sugey Blanco, espacio que se transmite en una radioemisora local, mencionó que no se puede permitir que siga aumentando la riqueza territorial a un solo grupo étnico, refiriéndose a los indígenas Emberá Wounán.
Indicó que muchos pueblos están dentro de las tierras indias y no se tomaron en cuenta desde ese entonces a quienes vivían allí.
"Es por todos conocido que existen más de 60 pueblos fuera de las comarcas y se seguirán creando nuevos y éstos también pedirán en un futuro", cuestionó.
La conductora del programa, que enfatiza generalmente en las diferencias que están viviéndose, agregó que se opondrán "a la creación de nuevas comarcas o tierras colectivas", porque están siendo subutilizadas y los que verdaderamente la trabajan no se les permite un pedazo.
Sobre el tema, el asistente de la parte Técnica y Asesoría de las Tierras Colectivas y miembro de la ONG Dogo Yala, Rogelio Caísamo, dijo que los indígenas tienen objetivos claros, sin embargo, los negros "no han decidido si quieren tierras colectivas o titulación de sus propiedades".
Subrayó que en la Dogo Yala se están reuniendo para que ambos grupos se pongan de acuerdo en las solicitudes de las tierras colectivas y están dispuestos a negociar y evitar las diferencias que cada día se agudizan más.
En cuanto a los pueblos negros que están dentro de las comarcas: Yape, Sambú y otros, existen acuerdos amistosos administrativos con estos grupos.
"Es falso que exista imposición por parte de los indios, pero tampoco vamos aceptar abusos e intromisión de los negros; siempre debemos manejarnos con el diálogo y nosotros estamos dispuestos a conversar", manifestó.
En tanto, en la posición del gobierno, El Panamá América consultó a un funcionario de política Indigenista del Ministerio de Gobierno y Justicia, Leonardo Muñoz, quien sostuvo que la propuesta de las Tierras Colectivas es buena y dialogando se pueden llegar acuerdos positivos para todos los grupos culturales.
