El director regional de salud de Panamá Oeste, Francisco Acevedo, negó que tenga algún tipo de compromiso político con miembros del Partido Arnulfista, en lo que respecta al nombramiento de la nueva directora del Hospital Nicolás Solano.
Manifestó que "su obligación es sólo velar que la persona que ocupe un cargo tenga la capacidad".
Recientemente el representante arnulfista, Alberto Barranco, denunció que el nombramiento de la administradora del Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera, Iris Cedeño, fue supuestamente ilegal porque la funcionaria devenga dos salarios como suplente a legisladora y como directora del centro.
En ese sentido, Acevedo indicó que se está tratando de nombrar en la institución a las personas que tengan la capacidad para ocupar sus cargos, "pero si nos viene un nombramiento de instancias superiores, es nuestra obligación evaluar si está acorde con los requisitos que debe cumplir el aspirante".
Agregó que el compromiso adquiridos es con la comunidad, puesto que cuando se nos nombra como director regional de salud, es para devolverle a la población la confianza en las instituciones.
Reveló que como jefe de la regional de salud, no tiene compromiso de hacer nombramientos tomando en cuenta a la parte política, aunque admitió que habrá ciertas sugerencias que serán tomadas en cuenta, "porque para nadie es un secreto que la institución se manejó de forma política".
En otro orden, aún continúan los conflictos surgidos por el nombramiento de Marianela Martinelli como directora de Política Indigenista, a lo que miles de indígenas residentes en Panamá califican como una burla para la dirigencia del Partido Arnulfista en la Comarca Ngöbe Buglé.
Los pronunciamientos fueron dados a conocer por el secretario general del colectivo en la región, Eusebio Aguirre Montezuma, quien recordó que Martinelli fungió como oficial de enlace entre el Proyecto Ngöbe Buglé y el Fondo de Emergencia Social (FES), durante la administración de Ernesto Pérez Balladares.
Según Aguirre, esta funcionaria ha integrado de manera inconsulta en la comisión de trabajo, a un grupo de ciudadanos que adversaron a la presidenta Mireya Moscoso durante la campaña electoral, los cuales solicitaron el cierre del proyecto.
Ante ese hecho, solicitaron a las autoridades gubernamentales, que consideren su posición y procedan a remover del cargo a la funcionaria.
