Las once trabajadoras que fueron despedidas de la empresa Textiles La Chorrera rechazaron la propuesta del administrador judicial, Tomás Escudero, en lo que respecta al pago de las prestaciones laborales.
Por su parte, la dirigente sindical Ana Maltez aseguró que Escobar les manifestó que la cancelación se efectuará en pagos semanales y de acuerdo al salario que cada una de ellas devengaba.
De acuerdo con Maltez, la empresa insiste en que las once trabajadoras deben acogerse a los despidos y al sistema de pago que han propuesto.
Reveló que se ha dado a conocer que la empresa no cuenta con los suficientes recursos económicos para cancelar el monto total de las prestaciones.
En ese sentido, agregó que la medida fue impuesta a estas obreras porque contaban con 19 años de trabajo.
Sin embargo, las trabajadoras se mantienen en su posición de rechazo, puesto que alegan que la empresa está obligada a pagar sus años de servicio, tal como les corresponde.
Precisó que están a la espera de la decisión que tomen las bases del sindicato, las que decidirán las medidas de presión a tomar en contra de la empresa.
Explicó que los próximos días estarán realizando una asamblea general para evaluar la situación, además, la vocera advirtió que existe un listado de nuevos despidos.
Añadió que dentro de la empresa nunca ha existido un respeto por los trabajadores y por el Código de Trabajo, lo cual es respaldado por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL).
Por su parte, el administrador judicial de la empresa Textiles La Chorrera, Escudero, negó que exista un listado de trabajadoras que serán despedidas por haber apoyado el paro, aclarando que los despidos están justificados a través de lo estipulado en el Código de Trabajo.
Indicó, además, que mañana se iniciará el pago de las prestaciones laborales a las once trabajadoras despedidas, no obstante no descarta que sigan las negociaciones si las trabajadoras no estén de acuerdo.
Mientras que para este 29 de octubre se ha convocado una reunión por parte de las 500 trabajadoras que fueron cesadas hace dos años, en donde se adoptará una decisión final ante la negativa del MITRADEL a dar un fallo definitivo en su demanda de pago.
