UN PROCESO de ordenamiento territorial en el área insular de la provincia de Bocas del Toro debe evaluarse para "frenar la anarquía y desorden que se ha dado en los últimos doce años", reveló Benjamín Colamarco, director nacional de Catastro y Bienes Patrimoniales.
Personas que han ocupado por más de 20 años territorio insular, inesperadamente han sido desalojadas por las autoridades que se han prestado para estos ilícitos.
El año pasado la Asociación de Boteros Unidos decidió protestar en plena pista de aterrizaje del aeropuerto de la Isla Bocas del Toro, en protesta porque el atracadero era tramitado para la concesión a una sociedad anónima.
Las playas en Boca del Drago y Bastimento han sido cercadas con alambres de púas para que las personas no puedan ocuparlas. Se trata de áreas de uso público, según lo establece el articulo 258 de la Constitución.
Igual situación ocurrió con la familia Serracín, en Boca del Drago, donde sus tierras fueron objetos de una solicitud en concesión por parte de una empresa. Esta familia asegura que tiene más de 30 años de vivir en ese lugar.
La familia Romero que tienen derechos posesorios en Boca del Drago, también han sido objetos de una sociedad anónima que ordenó la mensura de las tierras, sin importantes que tenían dueños.
Colamarco dijo que es necesario que se tome en cuenta el artículo 291 de la Constitución que habla sobre el territorio insular, y que también se respeten los derechos posesorios emitidos antes de 1941, y de las personas que tiene más de diez años ocupando terrenos.
Existen personas que han vendidos hasta tres veces el mismo predio con supuestos derechos posesorios.
Ordenamiento en el área insular de Bocas
El drama de estos bocatoreños los ha obligado a exigir que las autoridades hagan justicia.
