La suspensión temporal del centro de acopio de desechos sólidos operado por la empresa CREDESOL de Arraiján fue ordenado por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), mediante la Resolución Nº 041-2002. El administrador regional de la ANAM en Panamá Oeste, Carmelo Martino, aseguró que la orden será levantada luego que la empresa CREDESOL presente un estudio de impacto ambiental.
Martino aseguró que recientemente se realizó una inspección en el área, lográndose comprobar que la basura quedaba esparcida desde la entrada hasta después del centro de acopio, lo que perjudica gravemente al medio ambiente.
Indicó que aparentemente los terrenos del centro de acopio ubicados en la calle que conduce al Puerto de Vacamonte no pertenecen a la empresa CREDESOL. En ese sentido, Martino explicó que se solicitó a la compañía que pidiera la autorización del arrendatario del inmueble, no obstante, aclaró que de negarse el propietario, le corresponderá a la empresa recolectora buscar otro sitio y presentar el estudio de impacto ambiental.
Manifestó que los administradores de la empresa CREDESOL tienen cinco días para presentar la reconsideración. Destacó que en la resolución la ANAM resuelve ordenar formal investigación a la empresa CREDESOL, por no presentar el estudio de impacto ambiental para la ubicación de un centro de acopio sobre el manejo tratamiento y disposición de los desechos sólidos.
El director regional de la ANAM señaló que inició una investigación, luego de recibir las denuncias presentadas formalmente por la comunidad, lo que les ayudó en gran medida a efectuar las diligencias con miras a solucionar cualquier irregularidad detectada.
Argumentó que toda empresa incluida dentro de la lista taxativa, la cual exige la presentación del estudio de impacto ambiental viola, el artículo 30 de la Ley 41 que establece que por el incumplimiento en la presentación ejecución de este documento, la ANAM tendrá la disposición de paralizar las actividades del proyecto e imponer sanciones legales.
El encargado de la ANAM precisó que en este caso la norma jurídica sanciona a la empresa infractora con multas administrativas que oscilan a nivel regional desde B/.3,000 a B/.10,000, dependiendo de los daños ocasionados, además del estudio de impacto ambiental.
