La Contraloría General de la República anunció ayer que pedirá un informe detallado al ministerio de Defensa sobre las compras de armas realizadas por Perú con dinero de la venta de empresas públicas, por un monto de 1.500 millones de dólares.
El pedido será oficializado por el contralor, Víctor Caso Lay, ante el ministro de Defensa, general Carlos Bergamino, informó un portavoz del organismo contralor. Por su parte, la Comisión de Economía del Congreso, acordó también este miércoles solicitar un informe al ministerio de Economía para que explique el uso que se ha dado al dinero de la venta de empresas públicas, que globalmente asciende a unos 7.700 millones de dólares.
Entre tanto, grupos de oposición anunciaron que pedirán la instalación de una comisión parlamentaria investigadora de la compra de armamentos, que se habría realizado sin licitación internacional.
El congresista Carlos Chipoco, del opositor Partido Popular Cristiano dijo que presentará una moción en ese sentido en la sesión plenaria del jueves para su debate. La presidenta de la Comisión de Defensa del Congreso, la oficialista Martha Chávez, dijo que ella "por responsabilidad patriótica" no preguntaría a ningún ministro de Defensa sobre asuntos de carácter secreto cuya divulgación pueden causar daño al país.
La semana pasada, el Primer Ministro y titular de Economía, Víctor Joy Way, en una presentación en el Congreso reveló que luego del último conflicto con Ecuador de 1995, el gobierno utilizó dineros del fondo de privatización en la compra de diversas armas por un monto de 1.500 millones de dólares.
Chipoco dijo que la mayor parte de material bélico adquirido tanto por la fuerza aérea como por el ejército de tierra se realizó a Bielorrusia y a Rusia e informó que se tienen evidencias "sobre participación de la mafia rusa en la venta de material bélico a países del tercer mundo".
El opositor diario La República informó a comienzos de semana que las fuerzas armadas realizaron compras entre 1995 y 1998 por mil millones de dólares a través de "adjudicaciones directas" y reclamó que se conozca la identidad de los propietarios de empresas que participaron en las adquisiciones, se sepa cuánto ganaron y si tributaron al fisco.
El mismo diario informó que con dineros para comprar material bélico se compraron 224 automóviles que fueron repartidos entre la alta oficialidad de las fuerzas armadas.
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