El tema del desalojo de pescadores y residentes en áreas de playas de Antón, se ha convertido en una rutina para las autoridades y empresarios, que reclaman terrenos que han sido habitados por más de 50 años, como es el caso de Santa Clara, donde hay más de 100 familias afectadas.
Los residentes de este sector se encuentran preocupados y en un estado de incertidumbre, ya que ahora no es sólo la playa La Pacora de donde quiere desalojar a las familias, "se trata de desalojarnos de nuestras tierras en donde hemos vivido y trabajado más de 60 años".
La presidenta y representante legal de la Fundación Desarrollo Santa Clara, Edna Ramos, hizo una solicitud de lanzamiento en contra de las más de cien familias que habitan en estas tierras, sustentando que tiene título de propiedad.
Sin embargo, asegura Alda de Fernández, representante de Río Hato, que muchas personas realizaron la solicitud de documentos por terrenos a Catastro en el 2002 y Ramos señala que tiene estos documentos a partir del 2003, lo que a su juicio es incongruente porque los pescadores tienen más de 50 años de habitar estas tierras.
Sin embargo, el lanzamiento no se ha hecho, ya que se trata de una solicitud que la corregidora de Río Hato, no ha considerado porque el caso pasó a catastro al no ser de su competencia.
Según la representante, hay vicios en la solicitud de lanzamiento, ya que se habla de personas que no existen con sobrenombres y nombres incorrectos.
Por su parte, el abogado de los pescadores afectados, Saturnino Abrego, explicó que los pescadores no están ubicados en áreas privadas y que tienen derecho posesorio.
Según cuenta el señor Evaristo García, después de 50 años, ahora viene una fundación a sacarlos porque alega que estos son sus terrenos, lo que no es cierto porque ellos viven en áreas nacionales y no privadas.
Tomas Rosales, otro de los pescadores afectados, señala que ellos actuarán y lucharán por la vía legal, pero que si esto no funciona irán hasta las últimas consecuencias y si es necesario cerrar las calles como los pescadores de La Pacora, que también pretendían ser lanzados.
Hipólito Sánchez Hernández, expresó que en una ocasión hace 20 años aproximadamente los querían sacar de estas tierras, pero que no fue efectivo porque se demostró que ellos son propietarios de estos terrenos porque han vivido por muchos años.
Juliana Vázquez de Rosales explicó que el único dueño que conoce de unos terrenos cercanos a donde están ubicados sus viviendas es el señor Riande, pero no del área de los pescadores, "este es nuestro terreno".
Raúl Arias, quien tiene una casa de campo precisamente en estos terrenos, asegura que es una arbitrariedad lo que se está cometiendo en el sector de la playa de Santa Clara, en donde se les quiere desalojar alegando que los terrenos son de una fundación, cuando ellos han pagado y poseen documentos de estos terrenos.
Dijo que la comunidad se está organizando, ya que se les están violando los derechos humanos de los pescadores y de los que habitan en estas tierras.
Además Arias comentó que sospechan que los planos que ha presentado la Fundación Desarrollo Santa Clara no revela la realidad y por ello la Comisión de Derechos Humanos y Catastro se invitaron a la reunión.
Indicaron los afectados que el señor José Alvarez, ya ha amenazado a algunos de ellos y es él, quien los quiere desalojar realmente.
En busca de ayuda y de soluciones para los pescadores residentes en la playa de Santa Clara, ayer se reunieron en la escuela del lugar con asesoría legal de la Comisión de Derechos Humanos, la representante del corregimiento de Río Hato, Alda de Fernández, empresarios y los pescadores.
Según Evaristo García, al igual que otros pescadores, la razón principal por la que ahora personas extrañas los quieren desalojar de sus terrenos es porque ahora el sector playero tiene más valor y todos quieren aprovecharse sin tomar en cuenta que los pescadores dependemos de esta actividad y allí están nuestras casas.
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