El daño patrimonial que se causó debe ser reabierto, afirma David Samudio, miembro de la Fundación para el Desarrollo integral de Cerro Punta (FUNDICCEP), tras considerar que sólo se cautelaron 227 hectáreas de bosques devastados incluidos en cinco fincas, mientras que las dos propiedades no fueron cauteladas y que ahora son reclamadas por sus dueños.
Edgar Araúz, director regional de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) en Chiriquí, confirmó que una familia procedió a solicitar la autorización para abrir una trocha de un metro para localizar los límites de su finca; pero los trabajos fueron suspendidos dentro del área protegida para iniciar las investigaciones.
"Estamos estableciendo una investigación y nos mantenemos solicitando las pruebas correspondientes para determinar si las fincas están fuera o dentro del área protegida", comentó.
Confirmó que estas fincas que ahora son reclamadas por una familia, forman parte de una lesión patrimonial que correspondió a una deforestación de 400 hectáreas de bosque primarios que hubo en la zona.
La intención de los grupos ambientalistas de Tierras Altas es que la DRP vuelva a replantear la resolución que declara la cautela de esos bienes y se incluyan las dos fincas, porque en principio se estableció que eran 400 hectáreas del daño patrimonial y en la actualidad sólo se mantienen 227 hectáreas bajo la administración de ANAM.
La autoridad conversó con los grupos ambientalistas para abordar el caso.
En tanto, Damaris Sánchez, miembro de FUDICCEP, aseguró que la zona devastada en 1987 y 1989 pertenecían a la familia Purcell, después de la invasión se determinó una lesión patrimonial de B/.12 millones.
La entrada al PILA se mantiene cerrada desde hace 22 días por mantenimiento en los tanques sépticos que están dentro de la caseta de guardaparque.
Después de salir de las oficinas regionales de ANAM, los ambientalistas acudieron a interponer una denuncia ante la Defensoría del Pueblo.
La solicitud a la DRP es que se investigue porqué las dos fincas no fueron incluidas en aquel entonces por el Instituto de Recursos Naturales (INRENARE), dentro de los bienes cautelados para sumar las 400 hectáreas de bosques, pues el informe completo señala daños causados por la pérdida de oxígeno y agua, entre otros. Mientras se informó que una familia sigue levantando una cerca para las dos fincas.
