P. Oeste. El dirigente de las 93 familias precaristas que fueron reubicadas en las siete hectáreas de terreno de Palo Diferente, distrito de Arraiján, Rolando Valdez, denunció que el compromiso de las autoridades de resolverles una serie de problemas sociales no se ha cumplido.
Recordó que aceptaron los terrenos ofrecidos por la Asociación Nacional de Asentimientos Campesinos (ANAC), a cambio de desocupar las tierras del asentamiento Unión Campesina de Burunga, donde las autoridades municipales, Ministerio de Vivienda (MIVI) y la Comisión de la Asamblea Legislativa, les garantizaron que les resolverían una serie de necesidades sociales.
Subrayó que el municipio se comprometió a cancelar los B/.35 mil del costo de los terrenos para realizar los traspasos y posteriormente cada familia se responsabilizaría de pagar por los terrenos.
Explicó que solicitó al defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, una inspección en el área para que conociera las condiciones infrahumanas en que viven, donde aún permanecen en las barracas, amontonados por la falta de interés del Departamento de Reforma Agraria de realizar los trabajos de mensura.
El alcalde de Arraiján, Jaime Barroso, explicó que realiza los trámites ante Reforma Agraria, para que la entidad solicite la cancelación del título gratuito y así se les pueda adjudicar al municipio, señalando que una vez que se cumpla con ese requisito, inmediatamente se iniciarán los trabajos de mensura.
