Una denuncia criminal interpusieron precaristas que invadieron el asentamiento Unión Campesina localizado en Burunga ante la Procuraduría de la Nación, en contra de los responsables de la comisión del delito contra la administración pública.
Carlos Castillo, vocero de unos 100 precaristas, detalló que se mantuvieron en los predios de la institución gritando consignas contra las autoridades, para exigir que se investigue la venta de terrenos del asentamiento campesino de Cerro Castillo.
Según Cristian Muñoz Andrade, representante legal de los quejosos, el documento se fundamenta en la investigación de la compra y venta de las 120 hectáreas del asentamiento que fueron adjudicadas, inexplicablemente, a dos personas particulares y en menos de un mes las traspasaron a una empresa comercial para desarrollar proyectos privados totalmente alejados de la función social.
Andrade argumentó que para la venta y adjudicación de las tierras que pertenecen al Estado, se incumplió con la fase del procedimiento legal, en cuanto al llamado a licitación pública.
El asesor recordó que la finca N°171837, inscrita al rollo 279, documento N°1 y la finca N°171841, inscrita al rollo 27918, propiedad de la provincia de Panamá, fueron adquiridas el día 25 de agosto de 1998 por el señor Eduardo Sánchez De La Cruz, mediante la adjudicación realizada por la Reforma Agraria, pero posteriormente De La Cruz vendió los terrenos a la sociedad Albar Inmobiliaria del Oeste S.A.
