Un grupo de precaristas que invadió terrenos en el asentamiento Unión Campesina de Burunga, protestó ayer frente a las instalaciones del Consejo Municipal de Arraiján, en rechazo a las acciones de la Alcaldía en enviar camiones al área en conflicto para cargar con el resto de los enseres y el material utilizado para la construcción de las viviendas que fueron derribadas durante el desalojo.
Los manifestantes se apostaron desde las 9:00 a.m. en la entrada principal de la cámara edilicia y lanzaron fuegos artificiales en rechazo a la medida. Los ánimos se calmaron cuando al dirigente Carlos Castillo se le concedió cortesía de sala, donde aseguró que durante reunión celebrada con el ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Pedro Adán Gordón, lograron la adquisición de las 40 hectáreas de terrenos del asentamiento Unión Campesina de Burunga.
Señaló que la decisión del ministro Gordón se debió a que los asentamientos campesinos han ocasionado pérdidas al Estado por el orden de B/.13 millones incobrables, donde les condonaron las deudas por no contar con recursos para cancelar.
Indicó que ese dinero fue condonado durante la administración de Ernesto Pérez Balladares, ya que los miembros de los asentamientos campesinos pertenecen al Partido Revolucionario Democrático y por ende los gobiernos deben tener presente que los terrenos son un gran negociado, en el que sólo se benefician cuatro personas.
"El precio estipulado por las tierras fue de 50 centésimos por metro cuadro y el ministro Gordón les comunicó que los asentados estaban obligados a vender las tierras a los precaristas integrados en la Asociación Jesús de Nazareth, protectora de los pobres", expresó el dirigente.
Señaló que sólo necesitan el dinero para la compra de las 40 hectáreas de terrenos que ascienden a unos B/.200 mil y el legislador Lenín Sucre del partido oficialista inició las gestiones en el Banco Hipotecario Nacional (BHN) para lograr el financiamiento de las tierras.
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