De los más de treinta asentamientos informales que se mantienen en diversas áreas del distrito de Arraiján, unos nueve están en proceso de legalización de los terrenos que tendrán un mínimo de 600 metros cuadrados.
Entre las barriadas a las que se les están procesando los planos están La Alameda, 13 de Febrero, Omar Torrijos, La Paz, Los Ángeles, Rogelio Paredes, 11 de Octubre, Sector 2,000 y la barriada El Toro en Burunga, reveló Mario Herman, técnico de Asentamientos Informales del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).
Agregó que en Arraiján cabecera, el Miviot también está atendiendo los casos de precaristas establecidos en Las Veraneras, Altos de Howard, Los Tecales, Valle del Sol, Nueva Esperanza, así como Bello Horizonte, Altos de la Roca, La Represa, Coskuna Kalú Mogur Yala en Veracruz, además de otras barriadas en otros corregimientos del distrito.
Terrenos privados
Sin embargo, al tiempo que varios casos se están ventilando con esperanza para algunos invasores de lograr ser legalizados, hay otros en los que tanto el Municipio de Arraiján como el Miviot han tenido que actuar con prudencia.
El motivo es que aunque existan razones humanitarias y comprobada la necesidad de que las personas dispongan de un lugar donde vivir, la ley ampara a los legítimos dueños.
El caso más reciente de lanzamiento, porque se trataba de 400 intrusos, se produjo hace cuatro meses cuando unidades de Control de Multitudes de la Policía Nacional, por instrucciones del corregidor de Burunga, comenzaron a derribar las precarias viviendas construidas en el sector denominado La Bendición.
Aun cuando este operativo se suspendió en aquel momento, el lanzamiento es inminente ya que el propietario de los terrenos, John Hanson McNair, solicitó por la vía legal hacer valer sus derechos.
Rolando Rodríguez, uno de los afectados, ha solicitado una prórroga o en su defecto, que el Gobierno, a través de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) o del Miviot, les procuren un terreno donde construir sus casas “porque ahora todos somos hijos de la calle, no tenemos dónde vivir ni donde refugiarnos con nuestros hijos”.
Antes de esa situación, Pastora Sibauste, propietaria de la finca 177 ubicada en Arraiján cabecera y titulada hace 61 años, también fue invadida y tuvo que solicitar apoyo de las autoridades para que lanzaran a los intrusos.
Las situaciones de invasión o intento de ellas mantienen enfrentadas a las autoridades, como es el caso del alcalde de Arraiján, Manolith Samaniego, con el secretario ejecutivo de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas, quienes dirimen en la Corte Suprema de Justicia un acuerdo municipal que establece al Cerro Cabra como área protegida del distrito, zona en la que se están haciendo inversiones con las cuales no est á de acuerdo la primera autoridad del distrito.
Según Abel Rodríguez, exviceministro de Vivienda, la cercanía de Arraiján a la capital lo convierte en un área apetecida por mucha gente, especialmente por inmobiliarias que están construyendo residenciales que hay que supervisar para evitar inundaciones y la escasez de servicios públicos.
Rodríguez considera urgente que Arraiján se someta a una planificación efectiva y a un ordenamiento territorial que tome en cuenta sus potencialidades y que evite que el apetito por tierra de algunos desmejore el ecosistema y atente contra la cuenca y subcuenca del Canal que hasta el momento ha estado bien resguardada.
Al respecto, el representante del corregimiento de Santa Clara, colindante con el Canal de Panamá, Luis Toribio, manifestó que hace tres meses se vio precisado a convocar a funcionarios de la Anam, de los ministerios de Obras Públicas y Salud, así como a unidades policiales y otras entidades, para frenar la construcción de un asentamiento informal en los predios ribereños del canal interoceánico.
