Protestas prenden distrito de Arraijan

El normal funcionamiento del Puerto de Vacamonte fue interrumpido ayer por unas 60 personas, entre niños, adolescentes y adultos de las urbanizaciones El Chumical y El Valle, del corregimiento de Vista Alegre, distrito de Arraiján, que cerraron la vía de acceso a esta instalación marítima en repudio al incremento de la violencia en esas comunidades.
Los manifestantes portando megáfonos, desde las 6:30 a.m., se apostaron a orillas de la calle que conduce al recinto portuario, colocaron barricadas con ramas de árboles, chatarras, a lo largo de los dos paños, obstaculizando el libre tránsito vehicular por espacio de dos horas.
El tranque se extendió hasta la entrada de acceso de la autopista Arraiján-La Chorrera, y molestos se negaban a desocupar la vía, mientras que el malestar de los conductores, la mayoría empresarios y trabajadores del Puerto de Vacamonte, se reflejaba en sus miradas.
Los ánimos se calmaron con la presencia del alcalde Jaime Barroso y el subcomisionado de la zona policial de Arraiján, Víctor Casanova, quienes lograron convencer a los manifestantes que despejaran el tramo para efectuar una reunión en la escuela, a fin de llegar a un acuerdo satisfactorio.
La vocera de los quejosos, Inés Thomas, adelantó que el motivo de la acción de protesta en las calles, se debió a las constantes detonaciones de armas de fuego, robos, atracos a transportistas, tanto a selectivo como colectivo y ciudadanos decentes de la comunidad, cometidos por pandillas juveniles.
"Hay un ambiente de temor e intolerancia en la comunidad, muchos temen por sus vidas, la delincuencia se ha apoderado de las dos urbanizaciones, las pandillas no dan tregua, el intercambio de balas es a diario", dijo Thomas.
Indicó que el objetivo primordial del cierre de vía es porque requieren urgentemente la edificación de una subestación policial en el área, para minimizar la ola de violencia desatada en los últimos años.
"La comunidad cuenta con los terrenos para desarrollar el proyecto; sólo hace falta la voluntad de las máximas autoridades de las instituciones de seguridad pública", manifestó Thomas.
El alcalde Jaime Barroso reconoció que la población del distrito ha aumentado, al igual que la delincuencia en el área. Barroso se comprometió a cooperar en lo posible coordinadamente con la Policía Nacional, para garantizar un ambiente de seguridad y tranquilidad en las comunidades que se volcaron a las calles.
El sub comisionado Casanova lamentó que a la institución de seguridad se le imposibilite establecer una subestación de policía en el área, debido a la limitación de presupuesto.
A su juicio, no es necesario instalar una estructura de seguridad pública en el lugar para minimizar los actos de violencia, ya que si no hay denuncias de los moradores de la comunidad, la Policía no puede actuar.
En la reunión se exaltaron los ánimos, pero luego de un fuerte intercambio de palabras todo volvió a la normalidad. Las madres que reconocieron la participación de sus hijos en las pandillas acordaron para hoy a las 9:00 a.m., entregar las armas a las autoridades del distrito y dieron su consentimiento para que se proceda a detener a los jóvenes involucrados en pandillas.
Por otro lado, alrededor de 50 precaristas se manifestaron ayer frente a las instalaciones del Ministerio de Vivienda (MIVI) en Arraiján, creando incertidumbre entre los funcionarios de la entidad, quienes tuvieron que suspender sus labores normales por unas dos horas.
El grupo de personas que la semana pasada invadió unos mil metros de un área destinada según las autoridades del MIVI a un proyecto agroforestal de la ARI, localizado en la barriada La Cascada, áreas revertidas, marcharon portando pancartas y custodiados por unidades de Tránsito, desde Loma Cová, hasta las oficinas de la institución de vivienda.
En la caminata iniciada a las 10:00 a.m., se tomaron los dos paños de la vía de acceso hacia la capital sin fomentar el desorden y gritando consignas antigubernamentales.
Al llegar a las oficinas del MIVI, y como nadie salía a atenderlos, empezaron a gritar consignas contra los funcionarios encargados. Luego de dos horas fueron atendidos por las autoridades.
Según el portavoz de los precaristas, Pablo Martínez, se oponen a las amenazas de desalojo contra las familias desposeídas que ocuparon los terrenos de la parte norte de la barriada La Cascada.
"Las familias invasoras piden encarecidamente que se les legalice su condición dentro del globo de terreno habitado, de no acceder las autoridades a legalizar el área en conflicto en beneficio de los precaristas continuarán las acciones de protestas" reiteró Martínez.
Agregó que hace unos días se apersonaron policías al área en conflicto, intimidando a las familias para que desalojaran las tierras. La coordinadora de enlace del MIVI en Arraiján, Adriana Kate, indicó que en la reunión con los precaristas se les solicitó desalojar el área voluntariamente como lo había ordenado el despacho superior de la institución.