Pugna entre obreros chiricanos

Camilo Sanabria Hurtado acusó a la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP), de no hacer efectivo el pago de los salarios dictaminados por la Junta de Conciliación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) en la provincia de Chiriquí.
Sanabria indicó que hace más de cinco meses el fallo de la Junta de Conciliación fue emitido y en el mismo se considera injustificado su despido como celador en el proyecto pesquero de Puerto Pedregal en la región chiricana, el cual era administrado por la CTRP.
Según el denunciante, la CTRP a través de su representante legal, Guillermo Puga, se niega a pagar el monto indicado, el cual es de B/. 418. 70 y le han comunicado que pagarán cuando a ellos se les antoje y no en el momento.
En tanto, el representante legal de CTRP, Guillermo Puga, manifestó que se pagará lo adeudado a Sanabria e indicó que si éste trabajador tuviera moral no reclamaría nada, pues él es cómplice de la malversación de los fondos de este proyecto.
Puga señaló que Sanabria, conjuntamente con Rolando Almengor y Aniano Pinzón, en los tres años que administraron el proyecto pesquero nunca reportaron ganancias, solamente pérdidas, además de que se perdieron dos motores de barcos, una planta eléctrica y este trabajador es cómplice de estas anomalías, ya que él sabe quien se llevó todos estos objetos.
Con respecto al pago de las prestaciones que la Junta de Conciliación emitió, Puga expresó que harán efectiva el mismo, pero señaló que se reunió con Tomás Morales, apoderado del denunciante para explicarles que se le cancelaría al trabajador mediante un arreglo de pago, el cual fue rechazado, aduciendo que él estaba "para demandar y cobrar la plata en su totalidad".
Por su parte, el secretario de Defensa de la Federación de Sindicatos de Obreros de Chiriquí, Julio Reyes, hizo un llamado de atención a Puga, debido a que debe proteger a los trabajadores; sin embargo, los actos dicen lo contrario, al no pagarle la sentencia que emitiera la Junta de Conciliación el día 22 de octubre de 1998.
Con este proceder, según Reyes, se da una mala imagen a la CTRP que siempre ha defendido el bienestar de los trabajadores panameños, a la vez exhortó a las autoridades competentes a obligar a Puga a cancelar las prestaciones adeudadas al trabajador.
No obstante, Reyes hace saber al representante legal para que cumpla con el bienestar de los obreros, el cual es un principio ético de todo sindicalista y de no poder regirse por estos preceptos, que renuncie al cargo que actualmente ejerce.
Mientras que Puga señaló que él está para defender a los trabajadores "honestos y sinceros" y no a "ladrones", al tiempo que indicó, que nunca se despidió a nadie, simplemente el proyecto quebró por la mala administración que tuvo.