Realidad de los agroquímicos

La utilización de productos químicos en las fincas bananeras de Puerto Armuelles se ha convertido en otro de los aspectos controversiales surgidos en los últimos meses entre los trabajadores y la empresa Puerto Armuelles Fruit Company (PAFC).
La situación parece haberse agudizado tanto, que incluso, ya se habla de posibles demandas.
Recientemente, el Defensor del Pueblo, Italo Antinori Bolaños, emitió un comunicado denominado "Crimen de Lesa Humanidad", donde expone diversas quejas presentadas por los obreros ante el uso de plaguicidas supuestamente prohibidos que han causado daños irreversibles.
Detalla que entre los daños ocasionados están: la esterilidad e impotencia sexual, niños con leucemia, síndrome de Dawn (mongoloides), defectos cutáneos, ceguera, manchas en la piel, faringe, entre otros males.
MECANISMOS DE RIEGO
En torno al tema, este medio consultó a las partes involucradas a fin de conocer la realidad del problema que hoy atenta contra la salud y la vida de más de 7 mil habitantes.
Durante una visita que realizó este medio se comprobó que el químico utilizado en las plantaciones de las bananeras produce comezón y ardor en las partes más sensibles del organismo, como son los ojos, la nariz y la boca.
A su vez se verificó que el avión distribuye en las mañanas el producto que, aunque ya no roza a las personas que están en los diferentes poblados, sí hace contacto con los trabajadores que hay en las fincas.
Por su parte, los afectados han señalado que están conscientes que la labor agrícola requiere el uso de pesticidas; sin embargo, recomendaron que se adopten técnicas nuevas para que la medicina no haga contacto directo con el personal que allí labora.
Paralelamente, Israel González, quien al momento de la entrevista mostró manchas blancas en sus manos y piernas, así como deformidad en sus dedos, dijo que tiene aproximadamente un año y medio de estar incapacitado a causa de esa enfermedad, pero hasta la fecha no ha recibido ningún centésimo por riesgo profesional.
En un tono de real desesperación, el humilde trabajador de la finca reveló que durante ese período él y su familia, compuesta por cuatro hijos y su esposa, han vivido de la caridad que le ha brindado el resto de su familia.
MANEJO DEL RIESGO PROFESIONAL
Ante tales anomalías denunciadas, consultamos al jefe del Departamento de Relaciones Laborales de la PAFC, Oscar Igor Fonseca, quien expresó que la transnacional coordina y maneja todos los asuntos relacionados al riesgo profesional, de manera directa e inmediata con la Caja de Seguro Social (CSS).
Explicó que ellos preparan un informe del accidente correspondiente y proceden a enviarlo a la institución de Salud para que este organismo atienda cada caso, no sólo en el aspecto de atención médica, sino de prevención.
Para ello, precisó, se cuenta con programas de orientación y asistencia a los obreros, donde se resalta la importancia de utilizarlo y verificar el uso adecuado de los mismos. Además se dota al personal, del equipo de seguridad necesario.
LO QUE NO SE PUEDE EVITAR
Fonseca adujo que en esta labor agrícola como en cualquier otra, se presentan casos de intoxicados o riesgo profesional, porque los cultivos requieren ser tratados con tóxicos y es algo que no se puede evitar.
En ese mismo tema, preguntamos sobre la clase de plaguicidas que se utilizan para fumigar la fruta y protegerlas de las bacterias, pero todos aseguraron, incluso el administrador de la empacadora, desconocer los nombres.
Se consultó igualmente a otras fuentes, quienes precisaron que el aparato colocado en las empacadoras se llama "Cámara Electro Estática"; mientras que entre los tóxicos se emplean algunos denominados imazalil, mertec, alumbre, bacterol, clorina y anteriormente fumizone.
Al cuestionarlo en torno a los casos de cáncer que se han presentando en los últimos años en las mujeres, éste dijo desconocer en su totalidad el asunto y que él no es médico para saber las causas de esa enfermedad y si en realidad la han causado los plaguicidas.
Mientras tanto, el asesor legal de la empresa, Pedro Cedeño, rechazó los señalamientos de los obreros y alegó que desde siempre la compañía ha aplicado los químicos debidamente aprobados por las autoridades de Salud.
Dijo que el método de aplicación varía de acuerdo al trabajo que se haga. Por ejemplo, detalló que para combatir la Sigatoca se utiliza la técnica de esparción aérea; mientras que para matar la maleza, los empleados hacen la labor manual o con un aparato llamado motoblock.
ACUSACIONES SURGIDAS
En torno a las acusaciones por supuesta culpabilidad de la muerte de varios obreros por cáncer, Cedeño indicó que hasta la fecha ningún Tribunal de Justicia los ha condenado y por lo tanto, no se le puede señalar o responsabilizar de la resistencia biológica de cada persona.
De igual forma, acudimos al consultorio del médico que ha atendido un sin fin de casos, Alberto Carbonó, y éste se abstuvo de brindar declaraciones, argumentando que nadie se ha interesado en atender el asunto, que además, le ha creado problemas con la empresa frutera.
Mientras tanto, el secretario del Comité de Afectados por Químicos, Carlos Quintero Samudio, reveló que aproximadamente 1500 obreros están confrontando diversos tipos de enfermedades.
Reveló que sólo en el mes de diciembre de 1997, se indemnizó a 315 unidades, las cuales habían resultado afectadas por esterilidad, problemas dermatológicos, entre otros, pero todavía quedan otras que nunca recibieron ningún pago y están a la espera de ese desembolso.
Al respecto, enfatizó que aún se investiga el "caso dudoso" y donde está involucrada Mónica González Sagel, quien no dio a conocer la cifra exacta destinada para los indemnizados.
UNA SITUACION DECEPCIONANTE
Por el momento, agregó que permanecen a la espera de que el Defensor del Pueblo, Italo Antinori, termine las investigaciones en torno al tema, para luego solicitarle que los ayude jurídicamente, puesto que ellos no cuentan con los recursos suficientes para pagar a los abogados y que éstos interpongan la demanda por daños y perjuicios.
"Ahora nos agobia la carencia del dinero, pero aunque sea arrastrados, nosotros (los trabajadores) vamos a proceder legalmente, porque no vamos a permitir que la muerte de un sinnúmero de personas, quede impune", precisó González.
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la PAFC, José Morris Quintero, aseveró que hasta la fecha a nadie le ha interesado si un trabajador muere intoxicado por agroquímicos.
En un tono de completa decepción, el dirigente sindical responsabilizó a las autoridades de las más altas esferas de los últimos gobiernos y las de Salud, de la dramática situación que atraviesan los obreros, quienes según él, se prestan para ocultar la peligrosidad de los plaguicidas.
Además agregó que ningún gobierno se ha preocupado por implementar una ley que rija el uso de pesticidas en todos los sectores agrícolas del país.
El vocero expresó que desde hace tres meses presentó la queja ante la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), sobre el uso de carbonato que está perjudicando la faringe de los obreros y además, los propios afectados enviaron un comunicado para pronunciarse. Sin embargo, los hechos parecen no ser suficientes para prohibir a la empresa la aplicación de esos letales químicos.
Contrario a lo planteado por el representante empresarial, Morris acusó a la transnacional de estar introduciendo productos tóxicos, sin la previa autorización de las autoridades gubernamentales, alegando que los productos no son utilizados en los países industrializados donde se fabrican, pero en cambio sí se emplean en aquellos en vías de desarrollo, como es el caso de Panamá o cualquier país Latinoamericano.
Y es que, mientras el dirigente sindical asegura tener pruebas fehacientes que confirman los trastornos sufridos por cientos de obreros a consecuencia de los agroquímicos, los empresarios manifiestan lo contrario.
Cabe destacar, que existe una lista amplia de trabajadores que en la actualidad se están atendiendo en Veraguas, y otros que han resultado favorecidos en demandas interpuestas ante instancias judiciales.
Por ejemplo, recalcó Morris, "cuando se trabaja con formulina, los trabajadores que usan ese agroquímico mueren de cáncer en el hígado".
En ese sentido, dijo que es necesario efectuar un trabajo mancomunado entre la Defensoría del Pueblo, la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, sobre el tipo de pesticidas que se aplican en las fincas bananeras y se reglamente el uso de ellos, porque atentan contra la salud de miles de personas.