La acción cometida por unidades de la Policía Nacional de trasladar usuarios en autobuses, propiedad del SICAMOCH, el miércoles durante el paro de transportistas, fue calificado por el dirigente de ese gremio, Eliécer Montenegro, como un irrespeto a la propiedad privada.
"Es cierto que los certificados de operación pertenecen al Gobierno Central, pero los autobuses son propiedad privada y en ese sentido las uniformados no deberían haber tomado la atribución de conducir las unidades para llevar pasajeros hacia la capital", expresó el transportista.
Señaló que la decisión de interponer o no las denuncias formales en contra de la acción, está en manos de la dirigencia del sindicato, porque se decretó un paro precisamente por el incumplimiento de las autoridades gubernamentales de un pliego de peticiones que entre uno de los puntos más sensitivo es erradicar la piratería, situación que hasta la fecha ha persistido en detrimento de la economía de los trabajadores del volante.
Montenegro reconoció que fue un error cometido por parte de las diferentes rutas de buses de convocar un paro sin haber avisado previamente, por lo que pidió disculpas a los usuarios del transporte colectivo de Panamá Oeste.
Negó que las acciones de fuerzas acordadas por el sector transportista tenían un trasfondo político promovido por dirigentes de esos gremios inscritos en el PRD como lo expresara el director de la Autoridad Nacional del Transporte, Pablo Quintero Luna.
Recalcó que desconoce quién correrá con los daños materiales y desperfecto mecánico que sufrieron los autobuses movidos por las unidades de policial para trasladar pasajeros durante el paro.
Por su parte, el cuerpo de abogados que representa al Sindicato de Conductores y Automotores de La Chorrera (SICAMOCH) apeló la sentencia de B/.50 de multa impuesta por la corregiduría de Barrio Colón a los 71 transportistas involucrados en las protestas del pasado miércoles.
El recurso de apelación fue interpuesto por el abogado Raúl Chin Castillo ante la corregiduría, correspondiendo a la administración de la alcaldesa Yolanda de Arosemena, resolver el caso.
Los 71 conductores detenidos que fueron trasladados en grupos de 20 a la oficina de la corregiduría, eran notificados individualmente de la sanción, no obstante, a pesar de interponerse el recurso de apelación y dejarse de cancelar la sanción, los transportistas fueron puestos en libertad.
Se intentó obtener una versión de parte de la dirigencia transportista sobre la cuantía de los daños causados a los buses por parte de las unidades de la Policía Nacional, al intentar ponerlos en marcha, sin embargo, no fue posible al encontrarse en la ciudad capital.
En tanto, que ayer unidades de la Policía Nacional se mantenían apostados desde tempranas horas, en diferentes sectores del distrito de La Chorrera mientras que el transporte a lo interno del distrito se desarrollaba de forma normal.
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