Un 90% del personal docente que labora en el Centro Regional de la Universidad Tecnológica (UTP) en Panamá Oeste podría quedar cesante en los próximos meses, sumado a un 43% de funcionarios administrativos, de aplicarse la medida de Racionalización y Productividad en el Sector Público, impuesta por el Gobierno, a través de la Resolución N° 19 del 16 de mayo de 2001.
Las cifras fueron reveladas por el director regional de la UTP, Jeremías Herrera, quien encabezó una marcha de estudiantes y docentes que recorrió la avenida de Las Américas en rechazo de la medida, la cual otorga un privilegio a la Universidad Nacional de Panamá que fue excluida de esta racionalización.
Herrera dijo que esta disposición afecta directamente el funcionamiento de la UTP en Panamá Oeste, y a corto plazo causaría la paralización de las labores académicas y administrativas.
Indicó que la UTP goza de una Autonomía Constitucional, principio que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia mediante fallo del 23 de mayo de 1993, razón suficiente como para ser excluidos del plan de racionalización, al igual que la Universidad Nacional de Panamá.
Mientras que en la sede regional del UTP en Chiriquí más de 200 estudiantes y docentes cerraron la avenida F Sur y la vía Interamericana, a la altura de la entrada a la ciudad de David, en protesta por el recorte por el orden de B/. 250 mil al presupuesto de este año. Los estudiantes se mantuvieron desde horas del mediodía de ayer en ambas vías por espacio de cinco minutos.
El director de esa casa de estudios, Carlos Ruiz, aseguró que la protesta obedece al rechazo a la Resolución Ejecutiva N" 19, por el cual emite medidas de racionalización del gasto público. Según Ruiz, la Resolución Ejecutiva es discriminatoria con las universidades.
Tras el posible anuncio de la medida, en Azuero la comunidad universitaria de la UTP efectuó ayer una caminata de protesta por la avenida Nacional de La Villa de Los Santos.
El director Rubén Espitia, señaló que con la medida se afectará al personal docente, ya que se requieren B/.70 mil en viáticos, inversiones en maquinarias y equipos, mobiliario, oficina, papelería y personal en general. Espitia afirmó que desde el momento en que las restricciones económicas se efectúen y no se puedan contratar más docentes, habrá que cerrar algunos grupos o fundirlos para que puedan funcionar.