De Puy sostiene que las tierras le corresponden por ley y están debidamente documentadas en el Registro Público.
Las 6,280 hectáreas pertenecen en estos momentos a COOSEMUPAR y el sindicato confirmó que las personas que ocupan ilegalmente parte de esas tierras también utilizan el agua que genera la empresa cooperativa.
Explicó que en una reunión efectuada entre las partes y autoridades, la empresa demostró con documentos que todas las fincas le pertenecen a la COOSEMUPAR.
La preocupación de la empresa productora de banano obedece al compromiso del préstamo millonario que mantiene con el Banco Nacional de Panamá.
Ante la situación presentada, le corresponderá al alcalde de Barú, Franklin Valdés, emitir la resolución sobre el desalojo o no de los invasores.
No obstante, las autoridades provinciales analizan la documentación presentada por parte de la empresa para determinar la condición y la solución que corresponde en este problema.
A pesar que los invasores solicitaron un diálogo para mediar el problema, COOSEMUPAR se negó al alegar que las tierras les pertenecen y no se pueden vender o llegar a un acuerdo ya que son la garantía que tiene el Banco Nacional de respaldar el préstamo.
A juicio del asesor legal, el acuerdo marco señala que todo lo que era de Puerto Armuelles Fruit Company (PAFCO) pasó a COOSEMUPAR donde se incluían las tierras en descanso.
En tanto, gobernador de Chiriquí, Virgilio Vergara, ordenó la suspensión de cualquier tipo de actividad de ambas partes hasta que culmine las investigaciones.
Los invasores no presentaron ninguna prueba que los acreditara para estar dentro de estas tierras, las cuales son un futuro desarrollo de mayores plazas de empleo, agregó De Puy.
La cooperativa en estos momentos le proporciona fuentes de empleo a 3,000 trabajadores y que es la principal fuente de entrada económica al distrito de Barú.
COOSEMUPAR fue intervenida por parte del IPACOOP en marzo del 2004, luego de la huelga que llevaron adelante los trabajadores de las fincas bananeras de Barú.
COOSEMUPAR inició labores el 1 de julio de 2003, cuando la transnacional Chiquita Brands, decidió aceptar la propuesta del sindicato.
