Sobreviviendo en "El Progreso"

Su nombre dista mucho de la realidad que viven sus habitantes. Unas 120 familias de escasos recursos conforman la mal llamada comunidad de El Progreso en La Chorrera.
Sus anteriores precaristas invadieron unas 22 hectáreas de terreno privado, con el ánimo de conformar un asentamiento espontáneo hace aproximadamente 23 años.
Estas personas procedían de sectores marginales de la ciudad capital como Curundú, que se abrieron paso a una mejor vida, sin embargo, han tenido que soportar a lo largo de todos estos años grandes desesperanzas y pobreza extrema.
De esas 120 familias, se sumaron unas 241 más, a quienes se les reubicó en estas tierras por medio de una orden que dictara el entonces viceministro de Vivienda, Rogelio Paredes, aumentando a 361 hogares.
Además, el Ministerio de Vivienda (MIVI) con el propósito de dar solución habitacional a familias humildes que no tuvieran un lugar donde vivir, expropió de 58 hectáreas de un total de 236 de la finca madre, propiedad de Adelaida Ayala de Torres, cuyo trámite todavía está en litigio.
A raíz de este litigio, el futuro de las 583 familias que actualmente residen en El Progreso es incierto, puesto que de desalojarlos del área, ninguna reuniría los recursos económicos para construir una nueva vivienda.
Sus hijos se benefician de la única escuela "El Progreso", no obstante existen muchas necesidades, entre ellas espacio físico, dado que sólo cuentan con 6 aulas para una población de más de 345 estudiantes; además carecen de tiza para escribir y tampoco tienen un servicio sanitario.
Ante esta situación, la directora del plantel, Matilde María Rodríguez, ordenó suspender las clases a las 10:00 de la mañana para que los estudiantes regresaran a sus casas hacer sus necesidades básicas.
Sobre el particular, la educadora adelantó que cuadrillas del Ministerio de Educación (ME), están construyendo un sanitario, cuyos fondos fueron recaudados a través de una actividad que realizaron los padres de familia.
La directora del plantel detalló que se han presentado casos de violación a infantes y violencia familiar, que afecta directamente el rendimiento de sus estudiantes.
Según la educadora, a pesar de que el representante, Antolín Arenas reside en la comunidad, es casi nulo el apoyo recibido. Como dato curioso, agregó el edil "donó" únicamente B/.15.00 para la banda.
A los múltiples problemas se suma la falta de seguridad, que da origen a una serie de asaltos, robos y tráfico de droga.
Las calles, un dolor de cabeza para los residentes, a tal grado que durante el invierno los taxistas se niegan a prestar el servicio.
El suministro de agua, irregular. Sólo en las madrugadas las familias pueden disfrutar de este vital líquido.
En cuanto a las cantinas, se está violando las disposiciones de urbanización que especifica que puede instalarse un negocio de expendio de licor por cada mil habitantes, sin embargo en El Progreso existen por lo menos tres bodegas, que al amparo de las autoridades, se convierten en tierra de nadie.
También opera en el lugar una tienda con máquinas de video, donde se permite la participación de menores y estudiantes a todas horas del día.
Es irónico pensar que al detallar todos estos aspectos de tantas necesidades y vicisitudes se nombrara a esta comunidad como "El Progreso".