Los integrantes de las agrupaciones sociales y empresariales se reunieron y coincidieron que la ciudad no puede quedar expuesta a la voluntad de una minoría y que los comercios y los ciudadanos decentes de la ciudad se vean afectados por actos vandálicos que se registran en medio de las manifestaciones.
El presidente de la Junta Asesora de la Presidencia para Asuntos de Colón (JAPAC), Alcibíades González, pidió a los colonenses enviar cartas al mandatario Martín Torrijos y la Procuraduría de la Nación para exigirles que liberen a los colonenses de estar presos y en las manos de los dirigentes populares.
"No puede ser que estos seudo-dirigentes crean las condiciones, hacen el levantamiento de la gente y después de un rato se retiran y los maleantes se encargan de hacer las cosas", expresó.
González explicó que las peticiones de los 800 beneficiados del programa de empleo se han resuelto con incluirlos en el Seguro Social y darles el derecho al décimotercer mes, pero ahora salen con la idea que sea el Estado que le pague la cuota obrero-patronal y no se haga el descuento al salario que perciben.
"Otros dicen que quieren 270 balboas como salario mínimo cuando ellos están en un plan especial", expresó.
Dijo que hay gente que está en estos programas temporales y produce, pero hay quienes viven de la "desgracia" de otros y su trabajo es crear la incertidumbre y aparecer como líderes.
La gobernadora de Colón, Olgalina de Quijada, reiteró que el comportamiento de los dirigentes tiene como fin perjudicar a la comunidad y tener una agenda oculta utilizando a las bases de sus agrupaciones para su beneficio.
Mencionó que el gobierno provincial está haciendo su trabajo, y prueba de ello es que en la JAPAC se han atendido las peticiones y se ha logrado extender en varias ocasiones los programas temporales.
Por su parte, el alcalde Antonio Latiff señaló que algunos dirigentes tienen hasta cinco medidas cautelares y que las autoridades han actuado dentro del marco de la ley, además de indicar que ha dado instrucciones claras al subcomisionado de la zona policial de apresar y detener a quien a los que protagonicen desórdenes.
Dijo que no ha firmado boleta de libertad para ninguno de los detenidos por disturbios y que hay que buscar un sistema de resocialización que dé buenos resultados.
Los miembros de la Sociedad Civil en la provincia de Colón también se pronunciaron y pidieron a las autoridades y hacer respetar las leyes en los momentos de disturbios y desórdenes como ocurrió el pasado jueves y viernes.
Bona Béliz, de la Fundación Pro Inversión y Desarrollo de Colón, indicó que el cierre de calles está afectando la economía de todos.
