Una solicitud ante la Defensoría del Pueblo para que se aclare de una vez por todas el concepto jurídico de la ley 121 de 1928, por el cual se prohibe la colocación de retratos en las oficinas públicas de los gobernantes de turno y la Ley 33 de 1941, mediante la cual se expropiaban 500 hectáreas en Volcán, emitió la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de las Tierras Altas chiricanas.
Guillermo "Billy" Aizpurúa, coordinador general del gremio, reveló que solicitaron la aclaración, porque existe una Ley de 1941, que establece la eliminación de los retratos de los gobernantes de turno de las oficinas públicas, hecho que se cumplió en 1998; sin embargo, continúa vigente.
Paralelamente existe otra Ley del 29 de diciembre de 1928, mediante la cual se expropiaban 500 hectáreas de la comunidad de Volcán, 300 hectáreas para crear una población y las 200 restantes ubicadas alrededor de la laguna para destinarlas a un bosque nacional.
Expresó que anteriormente se presentó ante la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), para sustentar la necesidad de que las lagunas se constituyeran como un patrimonio nacional, pero a pesar que se emitió una resolución, aún los terrenos no han sido separados.
En ese sentido, reiteró al Defensor del Pueblo, Italo Antinori, que aclare cuál es la situación actual de las leyes que mencionan, puesto que de lo contrario se verán abocados a ejercer medidas de mayor presión a nivel del Consejo Municipal de Bugaba.
Aizpurúa hizo tal aseveración argumentando que la ley le otorga a todos los funcionarios públicos 30 días para que respondan a todas las peticiones ciudadanas.
Agregó que "aparentemente" Antinori desconoce la medida, porque ya ha transcurrido más de un año y todavía no responde a la nota que cursaron.
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