Trabajadores se toman textilera

Aproximadamente 270 trabajadores de Textiles La Chorrera, que ayer se tomaron las instalaciones de la planta de El Limón, rechazaron la propuesta presentada por autoridades del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) acordando mantenerse en paro hasta mañana y exigir la remoción del administrador judicial, Rodrigo Villamil.
Desde las 6:00 de la mañana empleados de la textilera acompañados por el secretario de la Central General de los Trabajadores de Panamá, Mariano Mena, protestaron por el despido de seis de ellas sin que recibieran el pago por sus prestaciones laborales.
Luego de la visita del secretario general del MITRADEL, Luis Cedeño Merel, a las instalaciones, una comitiva de empleados y junto a Cedeño se trasladaron a la oficina regional del MITRADEL en La Chorrera, con el fin de buscar una solución al litigio laboral.
En la reunión se llegó al principio de un acuerdo, que luego debía ser aprobado por las partes afectadas. El pacto consistía en hacer una revisión de la destitución de los seis trabajadores, la seguridad de que no se tomarán represalias y el levantamiento de las suspensiones que se le habían aplicado a dos representantes sindicales.
Sobre la solicitud de remoción del administrador judicial, Rodrigo Villamil, que fue presentada por segunda vez la semana pasada, se acordó la evacuación de testimonios y la evaluación de pruebas para tomar una decisión por parte del MITRADEL a más tardar el 5 de octubre, indicó Cedeño.
Sin embargo, el dirigente Mariano Mena, se abstuvo de firmar el acuerdo hasta tanto la propuesta fuera presentada al resto de los trabajadores de la empresa, quienes decidieron mantenerse en paro hasta mañana cuando se reanuden las negociaciones y además exigir le remoción del administrador Rodrigo Villamil.
Las trabajadoras que fueron recientemente destituidas por la empresa alegando baja producción, son: Raquel González, Ema Escobar, Clementina Delgado, Denys Gutiérrez, Thelma De León y Enilda Cedeño.
La empresa textilera mantiene un litigio laboral con un total de 800 empleados, de los cuales cerca de 500 fueron separados de sus trabajos hace más de 2 años por la quiebra de dos de las fábricas que se encontraban ubicadas en La Chorrera, secuestrando la única existente donde laboran unos 270 obreros.
Los trabajadores afectadas se quejaron por la irresponsabilidad de la empresa que mantiene convenio de pago con el seguro social a pesar que cobra puntualmente las cuotas ni tampoco hace efectivo el pago a las casas comerciales con las que los empleados tienen sus créditos.
Igualmente acusaron al representante de la empresa Arnold Barry y al administrador judicial, Rodrigo Villamil, de mal trato, mientras que ambos devengan jugosos salarios, que contrastan con la situación de quiebra y baja producción que alegan que existe.