El presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Héctor Arce, dijo hoy que la nueva ley anticorrupción que permitirá investigar fortunas ilícitas incluso de forma retroactiva no se ha hecho pensando en ciudadanos concretos, pero añadió que quienes hicieron daño al país deben rendir cuentas.
"Ya en Bolivia llegó el momento en que, quienes hicieron daño a este hermoso país (...) rindan cuentas por sus actos", manifestó Arce en una entrevista con Efe.
En los próximos días, el Congreso de Bolivia (Cámara de Diputados y Senado, ambas con mayoría oficialista) aprobará definitivamente la llamada "Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz", dirigida a investigar y sancionar los casos de corrupción y de enriquecimiento ilícito.
El nombre de la ley rinde un homenaje a un destacado dirigente socialista asesinado y desaparecido en 1980 durante el golpe de Estado de Luis García Mesa.
La norma, unida a otra que también se aprobará en breve para iniciar juicios de responsabilidad a autoridades del Estado, la cual puede afectar a varios ex presidentes, ha provocado numerosas críticas entre la oposición, que teme que ambas sean usadas como instrumentos de persecución política.
Para el presidente de la Cámara Baja, sin embargo, se trata de normas "profundamente necesarias" para el país, que "no se han planteado para perseguir a nadie" sino para respetar la voluntad de la mayoría de los bolivianos.
En el caso de la ley "Marcelo Quiroga", Arce argumentó que la corrupción ha sido posiblemente "el flagelo" más grave que ha padecido Bolivia a lo largo de su historia hasta el punto de convertir a uno de los países más ricos en recursos naturales en el más pobre del Suramérica.
Incluso, dijo, en Bolivia "no se podía vivir en democracia hace algunos años" por culpa de esta lacra, que provoca un "profundo rechazo por parte de la población (hacia) una forma de hacer política y de gobernar que beneficiaba a pocos y dejaba en desmedro a las grandes mayorías".
"Hoy, para evitar que esas cosas vuelvan, hay que pensar en restituir un verdadero estado de transparencia, un verdadero estado de derecho, de justicia. Y eso es cumplir con el pueblo y la sociedad", indicó.
Sobre la legalidad de investigar fortunas ilícitas con carácter retroactivo, Arce recordó que la actual Constitución boliviana, aprobada en un referendo en enero de 2009, consagra esta facultad en materia de corrupción "para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado".
En otro de sus artículos, la Constitución establece que los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad.
El presidente de la cámara baja explicó que los nuevos tipos penales sobre el enriquecimiento ilícito incluidos en la ley Marcelo Quiroga "no necesariamente se van a aplicar hacia el pasado".
Pero sí se investigarán los que Arce denominó "delitos de tracto sucesivo", es decir, aquellos que tuvieron origen en el enriquecimiento por corrupción y que siguen generando delito.
En cualquier caso, "la gran mayoría de los bolivianos, millones y millones, los que siempre hemos vivido de nuestro trabajo, que hemos amado este país y hemos querido construirlo no tienen por qué temer en absoluto" esta norma, según Arce.
"Quienes temen son algunas personas que saben que han actuado mal y en contra de los intereses del país", agregó Arce quien no obstante garantizó que "no se van a aplicar sanciones discrecionales. Todo se va a basar en el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia".
Sobre las críticas de la oposición, el presidente de los diputados bolivianos opinó que su error "gravísimo" es que no asume que en el Congreso Nacional "se representa la voluntad de la mayoría del pueblo" y no a "intereses mezquinos, sectarios o parciales de personas o de grupos políticos".
Héctor Arce destacó que el mayoritario respaldo que ha recibido el presidente Evo Morales en los últimos procesos electorales, y especialmente en las elecciones generales del 6 de diciembre pasado, es una respuesta del pueblo "a una política y compromiso definido y total de lucha contra la corrupción".
