La República Dominicana puso hoy en vigor una nueva Constitución surgida de la "inteligencia colectiva" de su pueblo, al que libra "para siempre" de golpes de Estado, según sus defensores, pero calificada de "terremoto jurídico" por voces disidentes que critican su falta de acción contra la corrupción.
Tras un debate de casi siete meses en el Parlamento convertido en Asamblea Nacional Revisora, el nuevo texto constitucional supone el esfuerzo más ambicioso del país caribeño por dotarse de normas y artículos ampliamente democráticos como el recurso de amparo, el plebiscito, la igualdad de géneros y el Defensor del Pueblo.
La de ahora es la reforma 38 de la Constitución dominicana y sus ordenanzas arrancan el día que el país celebra el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, fundador de la nación.
"La verdadera gran novedad de nuestra Ley Suprema es la creación del Tribunal Constitucional, el cual viene a sustituir a la Suprema Corte de Justicia en las atribuciones que se le conferían de conocer de las acciones directas de inconstitucionalidad de las leyes", exclamó el presidente dominicano, Leonel Fernández, en su discurso ante el Parlamento.
El gobernante, autor de la iniciativa reformadora, se remontó a la fundación de la nación caribeña, que se libró de la ocupación haitiana de 22 años, al afirmar que, tal vez, la guerra de 17 años con su vecino haya sido la causa "más profunda y remota" de algunas de "nuestras históricas desavenencias e incomprensiones".
"Hoy, sin embargo, como consecuencia del devastador terremoto que le sacudió hace exactamente dos semanas, el hermano pueblo haitiano se encuentra sepultado en las ruinas, sumido en el llanto y abatido por el dolor", expresó Fernández, antes de reconocer el "sentimiento de solidaridad y de espíritu humanitario del pueblo dominicano" volcado a favor de Haití.
La flamante carta sustantiva dominicana incluye el referendo, crea el Consejo Superior Judicial, prohíbe la reelección presidencial consecutiva, define la nacionalidad como una combinación de la ascendencia y el derecho territorial y consagra la iniciativa popular para la presentación de proyectos de ley ante el Congreso.
"Lo que ese texto está indicando es que en la República Dominicana nunca más volverá a repetirse la amarga y trágica experiencia de septiembre de 1963 (golpe de Estado a Juan Bosch) o por la que en estos momentos ha tenido que atravesar la hermana república de Honduras", exclamó Fernández.
El gobernante apostilló: "en definitiva, en la República Dominicana jamás se producirá un golpe de Estado".
Sin embargo, organismos de la sociedad civil, así como grupos feministas y populares cuestionaron la puesta en vigor de la Constitución, tras señalar el carácter "antidemocrático" que ella consagra en aspectos como el aborto y la protección del medio ambiente.
Los debates en la Asamblea Revisora subieron de tono cuando se discutía sobre el derecho a la vida, que finalmente se consagró "desde la concepción hasta la muerte".
La no gubernamental Participación Ciudadana calificó de "negativo" el hecho de que la Carta Magna haya sido sancionada a través de una Asamblea Revisora y no de una Asamblea Constituyente.
"Los congresistas revisores establecen por un lado el libre acceso a los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pero, por el otro, 'observándose siempre el respeto al derecho de propiedad privada'", cuestionó la entidad.
Mientras, la también ONG Fundación Justicia y Transparencia advirtió que la nueva Constitución corre el riesgo de convertirse en "letra muerta", sin utilidad ni aplicación, como ocurre en el país con muchas leyes, que no se aplican ni se respetan.
"El gran desafío que tiene el Estado con la nueva Constitución es el garantizar y hacer efectivo el ejercicio del amplio catálogo de derechos y prerrogativas consagradas en la misma", expresó el organismo, al advertir sobre un eventual "terremoto jurídico" en la aplicación del nuevo texto.
La aprobación de la Carta Magna dominicana fue impulsada por un pacto político firmado por Fernández y el líder opositor Miguel Vargas, quien defendió su aval al considerar que la misma garantiza un estado de derecho "fuerte y moderno".
El primer texto constitucional del país caribeño se firmó el 6 de noviembre de 1844.
La penúltima modificación ocurrió en 2002, con el propósito de volver a incluir la reelección consecutiva, prohibida en 1994 a raíz de una grave crisis electoral que enfrentó al ex presidente Joaquín Balaguer (1986-1996) y al líder y ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano José Francisco Peña Gómez.
