El tribunal de apelaciones del estado Aragua ratificó hoy las condenas a 30 años de prisión a tres jefes y a dos agentes de la Policía de Caracas por su responsabilidad en dos de las muertes que precedieron al golpe de Estado de 2002 contra el presidente Hugo Chavez.
La Fiscalía de Venezuela indicó a través de una nota informativa que la ratificación de las condenas demuestra "su responsabilidad penal en las muertes de dos ciudadanos y las heridas y lesiones sufridas por otras personas".
Los condenados a 30 años son Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas, jefes entonces de la Policía Metropolitana (PM), y dos agentes de ese cuerpo, mientras que otros cuatro agentes recibieron penas de entre 17 y 3 años, y dos fueron absueltos.
José Tamayo, abogado de los policías, indicó que apelarán la ratificación de la sentencia ante el Tribunal Supremo de Justicia.
También reveló que Simonovis, Forero y Vivas fueron llevados y retirados del tribunal en helicóptero sin que la defensa haya sido informada de los traslados.
La Fiscalía recordó que "el juicio oral y público duró poco más de tres años" y aseguró que "presentó las pruebas técnicas, documentales y testimoniales que sustentaron la acusación contra los funcionarios".
Añadió que fueron determinantes "las pruebas de trayectorias balística e intraorgánica, de planimetría, vídeos, fotografías y se confirmó el testimonio de las víctimas sobrevivientes al cotejarse con las grabaciones".
Las dos muertes por las que han sido condenados los policías ocurrieron el 11 de abril de 2002 cuando manifestantes que se dirigían a la sede del Gobierno para pedir la salida de Chávez fueron atacados por francotiradores.
Esas muertes, más otras 17 registradas ese día, sirvieron para que el alto mando militar justificase su desconocimiento de la autoridad de Chávez en un vídeo que fue grabado antes de que los francotiradores comenzasen a disparar.
Esa circunstancia es presentada como prueba de que el golpe se organizó con la participación de dirigentes de oposición, militares y fuerzas de seguridad.
Los tres comisarios condenados estaban a la orden del entonces alcalde de Caracas, Alfredo Peña, actualmente prófugo de la Justicia, presumiblemente en Estados Unidos.
Los acusados son considerados por sus familiares y por la oposición como "presos políticos".
En enero de 2008, la defensa de los policías abogó por ellos ante las embajadas de Argentina, Costa Rica, El Salvador y México en Caracas.
Los embajadores de estos cuatro países firmaron "como testigos de honor", en diciembre de 2004, un documento en el que la Fiscalía se comprometió a respetar los derechos judiciales de esos policías, después de que el Gobierno salvadoreño les negó el asilo político que solicitaron tras entrar en su sede diplomática en Caracas.
