Una Sala de Apelaciones de Guatemala confirmó hoy en segunda instancia la sentencia a 150 años de prisión emitida en agosto del año pasado en contra del ex militar Felipe Cusanero, hallado culpable de la desaparición forzada de seis indígenas durante la guerra interna de este país.
"Los magistrados de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Sacatepéquez (oeste) ratificaron la decisión del Tribunal de Sentencia de Chimaltenango, dictada el 31 de agosto de 2009 en contra del ex comisionado militar Felipe Cusanero", dijo a Efe un portavoz de la Corte Suprema de Justicia.
Cusanero, el primer ex militar condenado por el delito de desapariciones forzadas en Guatemala, podrá aún apelar la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia en un recurso de casación.
El antiguo colaborador del Ejército guatemalteco fue sentenciado en primera instancia a 150 años de prisión por la desaparición forzada de Lorenzo Ávila, Alejo Culajay, Filomena Chajchaguin, Encarnación López, Santiago Sutuj y Mario Augusto Tay Cajtí.
Los seis fueron secuestrados por un grupo de militares entre noviembre de 1982 y octubre de 1984 en la aldea Choatalum, del departamento de Chimaltenango, en el oeste del país.
La Sala rechazó los argumentos de la defensa de Cusanero, que alegaban que cuando ocurrieron los hechos el delito de desaparición forzada no estaba tipificado en la legislación guatemalteca.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que con el auspicio de las Naciones Unidas investigó las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Guatemala durante la guerra interna de 36 años (1960-1996), determinó en su informe, presentado en febrero de 1999, que en ese período más de 200.000 personas murieron y más de 45.000 fueron desaparecidas.
La mayoría de ellas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.
La Justicia guatemalteca conoce desde hace más de diez años al menos trece demandas penales en contra de altos jefes militares y de la desaparecida Policía Nacional de este país centroamericano por el delito de desaparición forzada, el cual fue incluido en la legislación local en junio de 1996.
