Las autoridades carcelarias de Venezuela aseguraron hoy que remiten las protestas iniciadas por miles de presos en los más importantes centros penitenciarios del país para pedir que se agilicen los juicios pendientes, al tiempo que confirmaron la muerte a tiros de seis reos en una de esas prisiones.
Consuelo Cerrada, directora de Servicios Penitenciarios del ministerio del Interior, aseguró hoy que actualmente "la gran mayoría de la población penal que estaba en huelga la levantó".
Cerrada dijo que esto se debió a que ayer el Tribunal Supremo de Justicia anunció la normalización del horario de trabajo de los tribunales, que había sido reducido para contribuir con la "dieta eléctrica" establecida por el Gobierno para ahorrar energía.
Otro factor que contribuyó a crear el problema fue, según algunos observadores, la escasez de vehículos de transporte para llevar a los reclusos hasta los tribunales en condiciones de seguridad.
Los retrasos en los juicios, un problema recurrente en Venezuela, dio origen a que desde el pasado 18 de mayo grupos de presos víctimas de los retrasos realizaran diversas protestas, entre ellas huelgas de hambre.
La iniciativa fue seguida principalmente en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), en la población de San Juan de los Morros, centro del país, y en El Rodeo I y El Rodeo II, cerca de Caracas, y en La Planta, en el centro de la capital venezolana.
El sistema penitenciario de Venezuela, considerado uno de los más violentos del continente, está conformado por 29 penales y 16 internados penitenciarios, que albergan a cerca de 30.000 reclusos, según datos oficiales.
De acuerdo con organizaciones de defensa de los derechos de los presos, más del 70% sufre de "retardo procesal" y no llegan al 30% los reclusos que han tenido sentencia firme y están cumpliendo su condena.
Algunos medios calcularon en 6.000 el número de presos que se sumaron a las protestas en cuatro de los centros penitenciarios, aunque la mayoría habló de "grupos de reclusos" al no existir ninguna cifra respaldada por datos oficiales.
Cerrada agradeció el apoyo brindado por la población penal y sus familiares en las negociaciones que han permitido la normalización en la mayoría de los centros que se sumaron a la protesta.
El incidente más grave de estos días se registró el viernes en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), 143 kilómetros al sur de Caracas, donde en un incidente armado no esclarecido murieron a tiros seis presos y siete resultaron heridos.
Cerrada habló hoy del hecho pero se limitó a confirmar las seis muertes y a precisar que de los siete presos heridos, tres permanecen hospitalizados.
Sobre las causas del incidente, la funcionaria indicó que lo ocurrido "fue producto de una situación aislada" y aseguró que la situación está normalizada.
Como prueba de ello, Cerrada anunció que las visitas familiares a los recluidos se restablecieron desde hoy.
La noticia de las muertes se conoció porque presos de la PGV llamaron por teléfono a varios medios para reseñar que había un tiroteo y que habían muerto seis compañeros.
Posteriormente, familiares de los detenidos confirmaron el incidente y atribuyeron a la Guardia Nacional la responsabilidad de lo ocurrido.
Según esas declaraciones los disparos siguieron al desalojo con gases lacrimógenos y perdigones de familiares de presos que se negaban a salir de la Penitenciaría para protestar por el retraso en procesos judiciales que ya deberían haberse realizado.
De acuerdo con esas versiones, el tiroteo empezó ayer a las 13.00 hora local (17.30 GMT del viernes) y se prolongó por dos horas y cuarenta minutos.
La PGV se encuentra en predios de la ciudad de San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, en el centro del país.
Según la organización no gubernamental "Observatorio Venezolano de Prisiones", en 2009 murieron 366 reos, la mayoría víctimas de riñas por conquistar o retener parcelas de control en la cárcel.
Durante las requisas en centros de reclusión es habitual que los guardias se incauten de pistolas y revólveres, pero también de metralletas y granadas de mano.
El último enfrentamiento, antes del de la PGV, se registró el pasado 4 mayo en el centro penitenciario de Santa Ana, en el occidental estado Táchira, fronterizo con Colombia, y dejó ocho reos muertos y tres heridos.
