El procurador general de Argentina, Esteban Righi, renunció hoy a su cargo luego de quedar involucrado en una denuncia judicial del vicepresidente del país, Amado Boudou, investigado por el supuesto uso de sus influencias para beneficiar a una empresa.
El fiscal general del país, un histórico dirigente ligado al gobernante peronismo, dimitió al cargo por considerar que no cree posible "desempeñar con honra una alta función pública si al hacerlo se compromete el propio honor o la honra familiar".
"Mi decisión no es ajena al concepto de responsabilidad institucional con que ejerzo las funciones que se me encomiendan", destacó Righi en su carta de renuncia.
Esta misiva fue enviada a la presidenta argentina, Cristina Fernández, quien horas después, a través de su vocero, Alfredo Scoccimarro, dijo que para sustituir a Righi propondrá al Parlamento a Daniel Reposo, actual titular de la Sindicatura General de la Nación.
El funcionario renunció también a sus fueros al señalar que no tiene "nada que ocultar", que su deber "no es polemizar" acerca de los hechos que se le imputan y que será la Justicia la que demuestre que esas imputaciones "son falsas".
Righi, ministro del Interior en 1973, había sido designado procurador general en 2005 por el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), antecesor y esposo de Cristina Fernández.
Este lunes, Boudou denunció ante la Justicia al estudio García, Labat, Musso y Righi, dirigido por la esposa y el hijo de Righi, por supuestas presiones cuando el vicepresidente se desempeñó como ministro de Economía, entre 2009 y 2011.
En una declaración a la prensa realizada el pasado jueves, Boudou responsabilizó al bufete de abogados de haber intentado influir en sus decisiones advirtiéndole que "tenía que tener una buena relación" con la Justicia federal y que ese estudio "era el nexo adecuado".
El vicepresidente también denunció al presidente de la Bolsa de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, a quien acusó de haberle sugerido el año pasado "arreglar" con la imprenta Boldt para evitar acusaciones en su contra.
Boudou consideró en su presentación que estas supuestas presiones, que dijo haber rechazado, derivaron luego en las acusaciones judiciales en su contra por el presunto uso de influencias cuando era ministro de Economía para beneficiar a la imprenta de dinero Ciccone.
En la declaración a la prensa, el vicepresidente también embistió contra el juez que le investiga, Daniel Rafecas, a quien acusó de actuar como si fuera una "agencia de noticias", filtrando información a la prensa.
Este lunes, Hernán Ordiales, representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de designar y sancionar a los jueces, presentó un pedido de investigación sobre la actuación de Rafecas en la causa que salpica al vicepresidente.
El juez investiga si Boudou usó sus influencias para impedir la quiebra de Ciccone y con ello facilitar que sea comprada por el fondo de inversión The Old Fund, dirigido por Alejandro Vandenbroele.
Rafecas intenta determinar además si hubo lavado de dinero en esa operación, revelada por la prensa bonaerense a raíz de la denuncia de Laura Muñoz, exesposa de Vandenbroele, quien dijo que su antiguo marido es "testaferro de Boudou".
El vicepresidente se declaró víctima de una "operación mediática" organizada por el diario Clarín, que forma parte del grupo multimedia del mismo nombre, el mayor de Argentina.
Boudou aseguró además que "el problema" responde a que la supervivencia de Ciccone afecta los intereses de su competidora Boldt, a la que acusa de haber divulgado información que supuestamente lo involucra en la causa judicial.
Un grupo de diputados opositores ha impulsado un pedido de juicio político con fines de destitución del vicepresidente, que, según adelantaron fuentes del Gobierno, con mayoría en ambas cámaras parlamentarias, no tiene posibilidades de prosperar.
Los diputados acusan a Boudou de haber usado sus influencias y en ese sentido sostienen que el actual vicepresidente intercedió, cuando era ministro de Economía, ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para pedir el levantamiento de la quiebra de Ciccone.
