Un fiscal argentino que investigaba delitos de corrupción en la administración pública renunció hoy a su cargo en medio de una polémica por el recorte de sus funciones, informaron fuentes judiciales.
Manuel Garrido, hasta hoy fiscal nacional de investigaciones administrativas, argumentó que quedó "a la deriva" después de que el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, le limitara sus facultades el año pasado.
En su renuncia, de 18 páginas, Garrido rechazó una nota en la que Righi negaba haberle recortado funciones y dijo que la resolución del Procurador, en la práctica el jefe de los fiscales, "va contra las normas internacionales en la materia".
En noviembre pasado Righi había limitado las funciones del fiscal, al determinar que Garrido no podía intervenir en causas que no se hubieran iniciado por su denuncia y que dependería del fiscal del caso en las que ya hubiese comenzado.
La prensa local señaló que Righi había tomado esa decisión después de que Garrido acusara de "malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público" a Amado Boudou, director del organismo a cargo del sistema de jubilación estatal en Argentina.
En más de cinco años, Garrido impulsó o reactivó unas cincuenta denuncias penales contra secretarios de Estado, empresarios, ministros y el propio matrimonio de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y Néstor Kirchner (2003-2007).
La decisión de Esteban Righi, que había sido designado por el Parlamento en 2003, fue en su día interpretada por la oposición como una "garantía de impunidad" para funcionarios sospechosos de corrupción.
En una entrevista que concedió entonces al diario La Nación, Manuel Garrido dijo estar convencido de que Argentina es un país que ofrece "impunidad" a los corruptos y advirtió que la resolución de Righi "favorece a aquellos que se dice que son invulnerables para el sistema penal: los poderosos".
