Cuatro de los siete miembros de la Comisión de Indultos dominicana renunciaron hoy a sus cargos luego de que el presidente Leonel Fernández perdonara a una banquera condenada por fraude y a cuatro ex funcionarios sentenciados por corrupción.
El presidente de la Pastoral Penitenciaria, Arístides Jiménez Richardson, los comunicadores Nuria Piera y Huchi Lora, así como la arquitecta Marisela Vargas renunciaron alegando que la Comisión no fue consultada para otorgar el indulto a los cinco condenados, una medida que ha provocado rechazo en diferentes sectores del país.
"Nos sentimos lastimados en cuanto a las funciones que nos corresponden como Comisión de Indultos", señaló Jiménez Richarson en su carta de renuncia.
El coordinador de la Pastoral Penitenciaria explicó que en una reunión celebrada en la sede de la Procuraduría, se ponderó "minuciosamente los candidatos idóneos para obtener este especial perdón, sin que nadie fuera aprobado".
En tanto, el periodista Huchi Lora, explicó que los indultos fueron otorgados sin consultar a la Comisión, por lo que ésta no es necesaria y sus miembros no hacen falta.
Dicha Comisión queda ahora integrada por tres miembros, dos de ellos sin derecho a voto.
La Comisión de Indultos, creada después de que se denunciara la excarcelación ilegal de varios presos en la administración del ex presidente Hipólito Mejia (2000-2004), es la encargada de recomendar las personas para ser indultadas por el Ejecutivo.
El presidente dominicano dispuso ayer el término de las penas pendientes a Vivian Lubrano, ex vicepresidenta de negocios de Baninter, quien nunca llegó a ingresar en prisión debido a problemas de salud que la han mantenido recluida en un centro médico.
A través de la disposición, el gobernante liberó de reclusión al ex alcalde de Santo Domingo y ex diputado Pedro Franco Badía, y a los dirigentes de sindicatos de conductores Antonio Marte, Milcíades Amaro Guzmán y Gervacio de la Rosa,sentenciados a diferentes penas por actos de corrupción.
Los cuatro forman parte de un grupo de ex funcionarios del Gobierno de Hipólito Mejía, que fueron condenados por la distracción de más de 1.800 millones de pesos (unos 54,5 millones de dólares) del Plan Renove, que tendría como propósito renovar la flota de vehículos del transporte público
El decreto presidencial no explica las razones de esta decisión, que se aplicará a partir de hoy.
