Riccardo Francolini Arosemena

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Quiero expresarles, con toda sinceridad, que no acostumbro a través de este artículo referirme a un caso personal y muy particular como ha sido el de la Caja de Ahorros, en donde de manera injusta y arbitraria se me pretendió ligar con la comisión de un ilícito, con un préstamo que otorgó esta entidad para el proyecto del Centro de Convenciones de Amador.

El tiempo, mi equipo de abogados, pero sobre todo la verdad, es la que ha prevalecido desde un principio y queda demostrado que el acto o trámite bancario que se ejecutó se hizo cumpliendo todos los controles y requisitos que establece la ley y máxime aún, cuando el préstamo que se aprobó, se hizo bajo el parámetro de una relación civil-comercial como estipulan las leyes.

Comparto totalmente lo expresado por el abogado y exmiembro de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros, Ricardo Chanis, cuando hace alusión a la Ley 52 del año 2000, que reorganizó a esta entidad bancaria y estableció que cuando la Caja de Ahorros realiza operaciones bancarias las mismas se rigen para todos los efectos sujeto a las normas de regulación bancaria. Esta acción no se constituyó en un acto administrativo sino en una relación netamente civil-comercial, tal como aduce la Procuraduría de la Administración en el caso del Banco Nacional vs. Soho Mall, la misma figura de un ente con normas del derecho privado y no público.

Ya había advertido que en el caso de la Caja de Ahorros no hubo dolo, peculado, estafa ni la comisión de ningún otro delito. Se cumplió con la ley que rige las entidades bancarias y prueba es que todo compromiso del préstamo concedido se canceló hasta el último centavo más los intereses. Este caso emblemático tiene un matiz muy especial para mí, porque sin duda alguna fui víctima de un gobierno que se limitó a perseguir a sus adversarios. Sin importarles que con estas mentiras pusieron a mi familia a sufrir, al igual que a nuestras amistades ante semejante abuso y arbitrariedad. Pero con el favor de Dios, la verdad está aflorando y muy pronto todos sabrán cómo se armó toda esta telaraña de mentiras e injusticias que prevalecieron por más de cuatro años.

Pero aparte de este tema de la Caja de Ahorros, también me quiero referir al tema de la violencia, pero no solo a aquella que ocurre en las calles, sino a la violencia doméstica, aquella cuyas cifras anualmente superan los 15 mil casos, sin que autoridad alguna se preocupe por intentar resolver con políticas públicas eficaces, especialmente cuando el crimen organizado se toma las calles en diferentes formas.

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Me refiero a lo ocurrido recientemente en la barriada El Tecal, en Vacamonte, distrito de Arraiján, donde un joven, de apenas, 23 años, acabó con la vida de su propia madre, de su abuela y hermana de tan solo 4 años. Y este caso es el espejo de la sociedad panameña, ya que no es el primero ni será el último escenario en donde veremos actos abominables como este. La falta de educación, la falta de valores y el acecho de bandas criminales dedicadas al narcotráfico, a las pandillas y al crimen organizado contribuyen con sus tentáculos a socavar a la familia panameña.

Veamos por ejemplo lo que nos indican las estadísticas en torno al tema de la violencia doméstica. Las cifras son alarmantes, por ejemplo, en el año 2016, de acuerdo con el Ministerio Público, se reportaron 19 mil 711 casos de violencia doméstica. Si a esto le sumamos la cantidad de casos que no son reportados por diversas razones, posiblemente tendríamos arriba de los 25 mil, según criterio de algunos sociólogos. Si comparamos esta cifra con la cantidad de habitantes, veremos a simple vista que el maltrato hacia la mujer y los menores de edad es espeluznante.

Como una alternativa se pensó que el cambio de figura del corregidor podría ofrecer un panorama distinto en apoyo a la familia y en especial a las víctimas de los depredadores de la sociedad, pero aparentemente los resultados que se están obteniendo no son muy halagadores. La cifra sigue en aumento y cada vez más, vemos mujeres maltratadas y menores desamparados y sufriendo las consecuencias de esa desintegración familiar.

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Uno de los principales factores por el que se genera violencia en la familia es el factor económico. El bajo salario de los padres versus el alto costo de vida les hace imposible superar las diversas necesidades que tienen en el hogar. Ocurren estos actos depresivos y las consecuencias son terribles. El alto consumo de alcohol y en otros casos de estupefacientes, es también determinante en estos casos de violencia. Pero también a falta de políticas públicas que coadyuven a orientar y aconsejar a los padres e hijos de las consecuencias de este flagelo.

Por eso, reitero en esta columna la oportunidad que tiene el pueblo panameño de permitirle al Partido Cambio Democrático gobernar para todos. De darle la esperanza a miles de trabajadores a tener un salario digno, con mejores plazas de empleos, una mayor y mejor atención en salud y con un moderno sistema educativo que le ofrezca una variedad de programas y estudios que le permitan aspirar a distintas profesiones, especialmente en el área de la tecnología. Con Rómulo Roux estamos seguros de que Panamá volverá a sonreír porque "lo bueno vuelve".