La Procuraduría General de Colombia sancionó hoy con suspensión temporal del cargo a dos funcionarios del Banco de la República (Emisor) que entregaron, sin una orden judicial, información reservada a la central de inteligencia del Estado.
La sanción fue proferida en Bogotá por el procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado (justicia contencioso administrativa), Fernando Brito, dentro de una causa disciplinaria por el cargo de violación de la reserva de documentos privados.
El proceso tiene relación con el escándalo de escuchas y seguimientos ilegales a magistrados, opositores, defensores de derechos humanos y periodistas, por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, estatal).
Una veintena de funcionarios o ex funcionarios, la mayoría de ellos de la central de inteligencia, que depende de la jefatura del Estado, son investigados por esta trama.
Además de la Procuraduría General, el escándalo está en manos de la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Los sancionados por el Ministerio Público son Francisco J. Guzmán y Javier Villa Ávila, a quienes el procurador Brito impuso un mes de suspensión del cargo por haber incurrido en "una falta grave, cometida a título de culpa grave".
Guzmán ejerce como director de Cambios Internacionales del Emisor, mientras que Villa se desempeña como oficial de cumplimiento de la Unidad de Análisis de Operaciones de la misma entidad estatal.
La decisión fue informada durante una audiencia pública, en la que Brito sostuvo que los dos funcionarios "infringieron el deber de cuidado necesario, por cuanto, en el suministro de la información, no tuvieron en cuenta los procedimientos legales establecidos para el tratamiento de documentos de carácter reservado".
Ambos "tenían pleno conocimiento de sus funciones, que implicaban la reserva de documentos de personas naturales y jurídicas", advirtió el procurador del caso, y observó que ellos también sabían que ese tipo de información sólo podía suministrarse con una orden de autoridad competente.
