El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, invitó hoy a los miles de ex paramilitares de su país a que desoigan posibles llamamientos a retomar las armas y se mantengan en el programa gubernamental de reinserción a la vida civil.
"No hagan caso (...) a quienes les digan que abandonen el programa, ni mucho menos a esas voces malignas que los inviten a regresar a la ilegalidad", pidió Santos a los antiguos ultraderechistas, cuya situación jurídica quedó en vilo por efecto de un fallo de la Corte Constitucional.
En una decisión divulgada hace dos días en Bogotá, este tribunal invalidó una norma jurídica, conocida como "principio de oportunidad", que suspendía los procesos penales que pudieran afrontar unos 17.000 ex paramilitares.
La Corte Constitucional concluyó que la norma, adoptada por ley en 2009, es ilegal por violar los principios de justicia y reparación para las víctimas de los grupos ultraderechistas, y significar una suerte de amnistía.
Los afectados por el fallo hacen parte de los más de 31.000 paramilitares que se desarmaron de finales de 2003 a mediados de 2006 en virtud de un proceso de paz del Gobierno del ahora ex presidente Álvaro Uribe con la organización Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Como marco jurídico, el Gobierno promovió la llamada Ley de Justicia y Paz, que establece penas de cinco a ocho años de prisión para responsables de crímenes atroces, entre otros beneficios.
"Ustedes ya hicieron lo correcto, que es dejar la violencia, y ahora nos toca a nosotros cumplir con lo pactado, y lo vamos a hacer", afirmó Santos en un discurso que pronunció en la apertura del congreso anual de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), que se reúne en la ciudad caribeña de Cartagena.
El mandatario prometió a los desmovilizados que mantendrá la palabra gubernamental y continuará con el programa de reinserción, que ofrece asistencia y beneficios jurídicos y económicos a quienes dejen las armas y colaboren con la justicia.
"Quiero dar hoy la certeza, a quienes se desmovilizaron y al país entero, de que haremos todo lo que esté a nuestro alcance, respetando la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para mantener la confianza en el proceso de desmovilización y para estimular cada día más desmovilizaciones", insistió Santos.
El miércoles, en un comunicado público, el Ejecutivo admitió la posibilidad de que el fallo "podría comprometer la seguridad jurídica de la población desmovilizada, incrementar la congestión judicial y el hacinamiento carcelario, e incentivar procesos de rearme y reincidencia".
Sin embargo, se comprometió a explorar alternativas jurídicas que "le permitan honrar los compromisos adquiridos en el marco del proceso de desmovilización, desarme y reintegración, y garantizar el derecho de todos los colombianos a la paz".
El "principio de oportunidad" se pretendía aplicar a aquellos que no fueron jefes de grupos armados ilegales ni del narcotráfico, y que tampoco cometieron delitos ni antes ni después de la desmovilización más allá de haber pertenecido al grupo al margen de la ley.
También permitía a los fiscales solicitar la terminación o suspensión de acciones penales en casos de narcotráfico y pertenencia a grupos armados ilegales, siempre y cuando el beneficiario testificara en contra de otros o para desarticular las bandas.
