La crisis entre el Congreso y la Corte Suprema de Justicia de Paraguay se agudizó hoy luego de que esta última aplazara una definición sobre un polémico fallo que restituyó en sus funciones a dos magistrados destituidos en 2003 a través de juicio político.
El Supremo se declaró en receso tras una sesión de urgencia de casi cinco horas y sin haber emitido un fallo sobre la sentencia de tres jueces de rango inferior que, incorporados a la Sala Constitucional del Supremo, decretaron el 30 de diciembre pasado la reposición en su cargo de los ex magistrados Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea.
No obstante, los magistrados decretaron la suspensión cautelar de los miembros sustitutos de la Sala, Francisco Recalde, Meneleo Insfrán y Florencio Almada.
La controvertida resolución permitiría cubrir la vacante generada tras el retiro de Wildo Rienzi, en julio del 2007 por haber cumplido la edad máxima de 75 años para ejercer ese cargo, y de José Altamirano, que renunció en agosto de 2009.
La deliberación del Supremo sobre esa resolución, que generó el rechazo y el repudio del Senado y de la Cámara de Diputados en una sesión conjunta el sábado último, fue postergada sin fecha por los ministros de la Corte Suprema.
La sesión extraordinaria del Supremo, convocada en plena feria judicial, fue seguida de cerca por una veintena de activistas y legisladores que se lamentaron de que no se haya registrado un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo.
Para el presidente del Senado y del Congreso, Miguel Carrizosa, el receso declarado supone "una dilación innecesaria" que puede agudizar la crisis institucional.
El Pleno del Supremo contó con la participación de su presidente, Antonio Fretes, y los magistrados César Garay, Sindulfo Blanco, Raúl Torres, Víctor Núñez y Óscar Bajac, mientras que la jueza Alicia Pucheta se encuentra fuera del país.
La suspensión preventiva de Recalde, Insfrán y Almada fue ordenada ayer por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, mientras que el juez de feria Nery Kunzle dio curso el lunes por la noche a "una acción autónoma de nulidad" que ha dejado sin efecto el controvertido fallo.
Entretanto, el fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, interpuso un recurso de aclaratoria sobre la medida, al argumentar que los tres magistrados omitieron pronunciarse "sobre aspectos relevantes que conciernen a la disposición adoptada".
Por su parte, el asesor jurídico de la Presidencia, Emilio Camacho, mencionó que el Ejecutivo sigue buscando "la mejor opción para conseguir la nulidad" de la disposición y que prefiere "no entrar en especulaciones".
La posición del Gobierno paraguayo fue expresada públicamente el sábado por el propio gobernante, Fernando Lugo, quien en un mensaje al país repudió el fallo y negó que haya tenido injerencia en esa determinación.
La oposición, que controla el Congreso, ha responsabilizado a Lugo de lo ocurrido porque consideran que la resolución judicial sentaría precedente para la revisión de un eventual juicio político con el que amenaza someter al jefe de Estado.
La resolución judicial, que fue calificada como un "golpe jurídico" por varios referentes del Legislativo, también había emplazado al Consejo de la Magistratura para que suspenda el proceso de selección que realiza para cubrir los dos lugares vacantes en el Supremo, de nueve miembros.
El Congreso también advirtió al Supremo de que el controvertido fallo podría suponer un eventual enjuiciamiento político de los miembros de la máxima instancia judicial.
La Sala Constitucional deliberó en el caso con magistrados sustitutos tras la inhibición de sus tres miembros natos, que, sin embargo, integraron la Sala para ordenar la inamovilidad de uno de sus miembros y la de un ministro del tribunal electoral en otros fallos no menos controvertidos.
Ríos y Fernández fueron relevados durante la anterior legislatura como parte de un amplio acuerdo político impulsado entonces por el presidente Nicanor Duarte (2003-2008).
